*Por Guadalupe Scotta

La justicia cordobesa no declaró el asesinato de Rodrigo Sánchez como un acto de “violencia institucional”, el ex policía Lucas Gastón Carranza fue condenado por homicidio en el exceso del cumplimiento del deber con una pena de tres años condicionales, es decir que quedó en libertad.

La impunidad es una pradera muy inestable y las memorias en esta tierra traen a la marea de la militancia una y otra vez. No se trata de sed de cárcel, es un ¡Basta de gatillo fácil! ¡Justicia! que levantaron en las calles de esta ciudad las madres y tías de los que “algo estaban haciendo”. Y antes lo anudaron las madres y abuelas de los que “algo estaban haciendo».

Durante las audiencias, se hizo foco en la situación de robo y en los antecedentes de la víctima, más que en el asesinato cometido por un agente del Estado. En el «palacio de justicia» cordobés a quienes cometen un robo o intento del mismo, les otorgan penas más intensas que los agentes del Estado que fusilan por la espalda. Los forenses judiciales fueron precisos y descartaron un enfrentamiento, no se encontró otra arma, ni vainas, ni marcas que no fueran de la pistola reglamentaria. El disparo policial a solo 2 metros con 85 centímetros de distancia, casi tres pasos.

Lo que define como delito y lo que cuida una sociedad habla de ella, Gabriela Sanso, la mamá de Rodrigo le pidió a la justicia, en este caso a los jueces Roberto Cornejo, Martin Bertone y Gustavo Rodríguez Fernández que abandonen el prejuicio y el clasismo y recordó que habían llegado a esta instancia gracias a la lucha de más de ocho años.

Mientras la querella pedía 12 años de prisión, la fiscal Laura Batistelli, fue quien apuntó a una pena de 3 años por exceso, casualmente la misma cantidad de años que cumplió en prisión quien ese mediodía se encontraba con Rodrigo intentado robar una billetera. A las medidas del poder judicial también las podemos mirar en perspectiva, antes de las movilizaciones de la Marcha de la Gorra y la Marcha Contra el Gatillo Fácil, llegar a una instancia judicial era impensado, de hecho, los casos que logran elevarse a juicio son ínfimos y contamos solo tres en esta ciudad.

En el país se registran  un total de 8.701 de víctimas en  manos de la represión de Estado desde la vuelta a la democracia a diciembre de 2022, el gobierno de Milei pretende legalizar los fusilamientos, como lo perfilaron en años del macrismo con la doctrina Chocobar, ahora también sin eufemismos colocan a la propiedad privada como el valor estructurarte  de nuestra sociedad, frente a ese desierto y a los ocho años de caminatas de la familia de Rodrigo, es que esta instancia se considera el «Juicio de todos los pibes que no llegaron a uno»

Las madres se abrazan, maldicen, se besan y levantan un altar, a las rejas del palacio le ponen flores y encendedores. El policía queda impune, pero eso no le da una pradera de tranquilidad, ve la bronca que brota en la sala, los gritos avanzan y él baja de un manotazo una cámara, lo hace como un látigo a metros de quienes lo juzgaron. Afuera, les compañeres empapelaron el ingreso con un rostro de Rodrigo que brilla y dice “estás acá y en cada lugar”.