Por Lucrecia Fernández

Hoy, a días de que se cumplieron 47 años del último golpe cívico militar eclesiástico, se cumplen 13 años del asesinato de Silvia Suppo, quien militó en los años 70, fue secuestrada, luego detenida, y continuó militando tras el horror y el  regreso a la democracia. En su memoria y para reivindicar su historia y su lucha entrevistamos a Marina Destéfani, hija de Silvia.

Silvia era de  Rafaela,  Santa Fe y fue detenida el 24 de mayo de 1977 junto a su hermano Hugo, primero fueron llevades a la comisaría, y luego a La Casita, un chalet a las afueras de Santo Tomé, cerca de Rosario, que funcionaba como centro clandestino de detención. Luego de unos meses fue “blanqueada” y continuó detenida como presa política. Meses antes de su secuestro, en enero del mismo año la dictadura se había llevado a su novio, Reinaldo Hattemer de solo 23 años, y al hermano  de éste, Oscar Hattemer, durante el casamiento de Oscar.  Ambos continúan desaparecidos hasta la fecha,  y nunca se logró justicia a pesar de que hay información suficiente para acusar a sus torturadores y desaparecedores.

Silvia,  siguió militando una vez instaurada la democracia. Dudó si quedarse en Rafaela, pero siguió viviendo allí, junto a su marido Jorge Destéfani, a quien conoció en cautiverio, e incluso el azar quiso que fueran detenides en el mismo operativo. 

Jorge estuvo en la celda contigua a la de Silvia en La Casita y fue testigo del horror que vivió Silvia esos días. Con Jorge tuvieron dos hijes, Marina y Andrés. Juntes, y a la par de organizaciones de derechos humanos, abogades, y partidos, nunca dejaron de pedir justicia por elles y por Reynaldo Hattemer y su hermano.

En Octubre de 2009, Silvia fue testigo clave de la “Megacausa Rafaela” que logró entre otros, condenar a cárcel efectiva al ex Juez Federal de Santa Fé,  Víctor Brusa. A menos de un año del histórico juicio, Silvia fue asesinada en un supuesto asalto en su local comercial. Fue un 29 de marzo, no se encontraron huellas en la escena,  no apareció el arma con la que la mataron y no se llevaron nada de valor,  solo quedó la agresividad certera de las 9 puñaladas que le dieron muerte y hacen dudar a su familia de que haya sido un asalto, lo consideran un asesinato por encargo.

Silvia iba a testificar en otro juicio, el que finalmente se llevo adelante en 2018, donde se incluian sus denuncias por abuso sexual y aborto forzoso, como parte de la tortura que recibió estando en La Casita. Su testimonio era clave y con él se reforzó la hipótesis de que  el asesinato de Silvia fue un hecho aberrante para silenciarla, pero también un intento de persuadir a otras mujeres a denunciar la violencia sexual sufrida en cautiverio.

En la última dictadura militar Argentina se estima que un 30% por ciento de las víctimas del terrorismo de Estado fueron mujeres, según datos de la CONADEP. “La violencia sistemática sufrida por las mujeres en los centros clandestinos de detención de aquellos años fue específica, sistemática y planificada, tuvo claras intenciones, partió de estereotipos de género, y los profundizó en nuestra sociedad”, señala el informe La violencia contra las mujeres en el marco del terrorismo de Estado en Argentina(1). Sin embargo,  los delitos contra la integridad sexual de las mujeres -y también hacia varones- por parte de los represores, no fueron considerados como un plan sistemático sino como una parte más de la tortura que se ejerció en aquellos años. La investigaciones que llevaron al Juicio a las Juntas se centraron en el crimen de la desaparición forzada, como el eje del plan sistemático, dejando de alguna manera relegadas las prácticas específicas de tortura a una generalización.

“Yo soy El vencedor y yo soy el dueño de tus mujeres” 

En los años 90 a nivel internacional se incorporan los hechos de violencia sexual en el contexto de prácticas sistemáticas de terrorismo de estado, conflictos bélicos, como una violación específica de los derechos humanos. En 1998, el Estatuto de la Corte Penal Internacional tipificó por primera vez la violencia sexual en esos contextos, como crimen de lesa humanidad. Sin embargo,  estas prácticas sistemáticas continúan sucediendo.

Desde los orígenes de las guerras, la violencia sexual hacia las mujeres ha sido sistemática. En la Segunda Guerra Mundial, durante la operación Barbarrosa que lanzó Hitler contra Rusia, miles de soldados nazis borraron de la faz de la tierra más de 7000 aldeas. A los hombres y a los niños los asesinaron, y a las mujeres y niñas las violaron y las llevaron a trabajar como esclavas en fábricas o directamente a los campos de exterminio. Durante la Segunda Guerra mundial más de 200,000 mujeres niñas y jóvenes fueron sometidas a la esclavitud sexual en los territorios conquistados por Japón. En 1994 durante la Guerra de la ex Yugoslavia, se sabía de la existencia de campos de esclavitud sexual de mujeres. Atrocidades como estas ocurrieron también con las mujeres de Bosnia, Herzegovina y Ruanda durante la Guerra civil de 1990. En las guerras civiles y dictaduras que sucedieron en distintos países de América Latina las mujeres prisioneras fueron víctimas de innumerables abusos sexuales y psicológicos por parte de las fuerzas represivas, incluso hasta el presente si recordamos los abusos sexuales denunciados por centenar de mujeres en Chile, en las revueltas de hace sólo unos años. Lo mismo podemos señalar en Oriente Medio cuando el estado Islámico, Al Qaeda y otros, arrasaron con regiones de Siria, Irak, Yemen, Pakistán, Afganistán, entre muchos otros conflictos de la actualidad, como la guerra entre Rusia y Ucrania, o previo a eso entre Armenia y Azerbaiyán.

La idea fue y es “yo soy El vencedor y yo soy el dueño de tus mujeres y hago lo que quiera con ellas”. (2)

La lucha de Silvia Suppo y el precedente que se logró con su juicio 

Si nos situamos en el caso de Argentina, la resolución de la Corte Penal Internacional en 1998 sentó un claro precedente y permitió, aunque no sin dificultad, que los hechos de violencia sexual pudieran salir de la generalidad de la práctica de tortura y se pudiera lentamente incorporar como un denuncia separada tomando cuerpo de delito de lesa humanidad autónomo.

Silvia Suppo, fue una de las valientes mujeres que decidió denunciar la violencia sexual que sufrió, no sin dudas y complejos, por sus hijes, por la mirada social, judicial, e incluso de sus propios compeñeres. Habló cuando creyó que todo estaba dado para hacerlo. Lamentablemente fue asesinada cuando parte de este proceso comenzaba a gestarse. Pero en 2018 con base en sus denuncias y testimonios previos a su asesinato en la Megacausa de Rafaela, se llevo adelante el juicio. La querella encabezada por les hijes de Silvia y con Lucila Puyol como abogada, llevo adelante la causa por los delitos de secuestro, tormentos, violación agravada, embarazo forzado y aborto forzado practicado a Silvia Suppo. Además se juzgaba el secuestro de Jorge Destéfani, Hugo Suppo, Ricardo Díaz y Graciela Rabellino, quienes sobrevivieron; de la desaparición forzada de Reinaldo Alberto Hattemer, y del asesinato de Rubén Luis Carignano. Sería la primera vez que el embarazo forzado y aborto forzado, llegaban a juicio oral como delitos de lesa humanidad autónomos. 

Un precedente de esto sin embargo, sucedió en 2016 en la causa Menéndez en La Rioja. 

Finalmente el 5 de octubre de 2018, en base principalmente a los testimonios de Silvia, se logró la condena de Ricardo Ferreyra, comisario inspector retirado, a 22 años, por secuestro, tormentos, muerte y violación sexual agravada y reiterada, la condena a Juan Calixto Perizzotti, comisario mayor retirado, a perpetua, por secuestro, tormentos y autor mediato del delito de aborto, la condena a María Eva Aebi, ex sargenta primera, por 25 años, como autora de los delitos de secuestro y tormentos, y partícipe necesaria del delito de aborto y por último, a Oscar Farina, comisario inspector retirado, quien recibió 8 años de condena por secuestro y partícipe necesario del delito de aborto.

De izq. a der.: Lucia Puyol (abogada de la causa), Andrés y Marina Destéfani, Valeria Silva, HIJOS Santa Fe
13 años sin Silvia, el legado que dejó

Hoy 29 de marzo se están cumpliendo 13 años del asesinato de Silvia Suppo, quien a pesar de lo sufrido en cautiverio, y de ser silenciada de la peor manera cuando llevo adelante sus denuncias, trascendió en la lucha logrando condenas ejemplificadoras en octubre de 2018. 

En diálogo para Diciembre, su hija Marina Destéfani compartió sobre el proceso, la impunidad, lo que falta y el recuerdo de Silvia.

Marina es trabajadora de la educación, disfruta de la docencia en el nivel secundario como profesora de lengua y literatura e intenta vincular y construir una práctica cotidiana desde una perspectiva feminista y de derechos humanos. “Tengo el orgullo de ser hija de Silvia y Jorge que fueron militantes peronistas durante (y después) de los años 70. Junto a mi hermano Andrés, venimos exigiendo justicia por ellxs (y por los 30.000) desde hace algunos años, de la mano de muchas organizaciones, partidos, sindicatos y amigues”, señala Marina. 

El testimonio de Silvia, meses antes de su asesinato, fue clave para el encarcelamiento del ex Juez Federal,Víctor Brusa. Marina recuerda el proceso que llevó a esa condena y las deudas pendientes:

 “El proceso judicial fue lento y arduo. Fue iniciado por Silvia en 2001 cuando aún estaban vigentes las leyes de impunidad (obediencia debida y punto final). En ese  momento, y junto a otrxs compañerxs de la ciudad de Rafaela y de Santa Fe, denunciaron ante la justicia federal los delitos de los que habían sido víctimas durante la última dictadura cívico-militar y también la desaparición de quien fuera en ese entonces su compañero sentimental, Reinaldo Hattemer, a quien todavía seguimos buscando y por cuyo secuestro aún nadie ha sido condenado.

Con dolor Marina se refiere a lo sucedido con Silvia y la herida abierta que dejó lo aberrante e impune de su asesinato: “En octubre de 2009 lograron una sentencia que fue ejemplificadora en cuanto a las condenas, y a la vez muy significativa porque sentó un antecedente al juzgar a un ex juez federal, así como a jefes de la policía santafesina, responsables de hechos aberrantes durante esos años. Pocos meses después, a días del 24 de marzo, exactamente el 29 de marzo de 2010 Silvia, testigo clave en la causa mencionada, fue asesinada de nueve puñaladas a plena luz del día en su local comercial. Además de la condición de testigo y querellante de Silvia, la fecha del femicidio y la saña con la que la mataron, era claro que se trataba de un crimen político porque  no se pudo identificar el arma homicida, los «culpables» (dos lavacoches) se auto-implicaron luego de haber sido torturados y amenazados por la policía local y ni siquiera se pudieron identificar sus huellas en el lugar. No se llevaron cosas del valor del negocio y nunca se pudo reconstruir el hecho, además de que los informes de las 2 autopsias realizadas dan cuenta de un ataque hecho por alguien que sabía lo que hacía  dado que los cortes estaban en lugares vitales. Quisieron matarla. La mataron, para callarla, para disciplinarla una vez más y así también, asustar a otras compañeras. Con mi hermano continuamos la causa iniciada por ella en 2001 y en 2018 finalmente logramos que haya justicia por los abusos sexuales y el aborto forzado que mi mamá sufriera en cautiverio. Sin embargo, no hemos logrado justicia por su crimen cuyo móvil político naufraga todavía hoy, a 13 años, en los lentos, clasistas y patriarcales ríos de la (in)justicia federal.”

El asesinato de Silvia, como sucedió con Julio López y muchos otros casos es una clara continuidad del aparato represivo de la última dictadura en Argentina. Tanto, que Víctor Brusa haya ejercido como Juez Federal hasta el año 2000 y que Juan José Mondino, a cargo de la policía de Rafaela en 2010, en 2011 fuera ascendido a asesor de Seguridad de Santa Fe, cuando la investigación de Silvia estaba en curso, hablan de esta connivencia denunciada una y otra vez de los aparatos de continuidad. 

Para Marina y su familia esto es un punto de reclamo y lucha: “Desde hace mucho venimos denunciando las continuidades de la dictadura en democracia, entre ellas, la del aparato represivo. Creemos que para fortalecer nuestra democracia, que afortunadamente este 2023 cumple 40 años sin interrupciones, es necesario repensar desde una mirada de derechos humanos, al aparato represivo que aún sigue matando pibxs en los barrios y reprimiendo a trabajadorxs. En su momento denunciamos la connivencia  de la policía local que obstruyó la investigación del crimen de Silvia, así como ella denunció la participación necesaria (y cómplice) de la policía local en los 70 con los militares.”

Marina reflexiona sobre la decisión de su madre de declarar, a pesar de los riesgos pero con la intención clara de lo que años después se logró:

“La valiente decisión de mi vieja de contar los abusos sufridos y de exponerse públicamente ante la justicia, la sociedad y los medios fue un proceso, un proceso colectivo. De ahí la fuerza y valor de su voz, que es la de muchas (incluso muchos, porque la violencia sexual no excluyó a los varones) . No lo denunció desde un principio si no que lo hizo cuando creyó que había condiciones para hacerlo, según lo que me contó. Para poder decir es necesaria la escucha, no cualquier escucha. Cuando las condiciones para que ese relato tuviera efectos NO re-victimizantes estuvieron dadas, ella habló. Cuando me refiero a condiciones, no me refiero sólo a las condiciones subjetivas y personales, sino también de las sociales judiciales (en definitiva lo personal es político). Gracias al trabajo y la lucha de las compañeras feministas esas condiciones se fueron construyendo, hubo lugar para denunciar, y sobre todo, hubo condenas. En ese sentido, quiero agradecer especialmente a Lucila Puyol y Valeria Silva de HIJOS Santa Fe, por su acompañamiento e incansable trabajo.” 

Al respecto de las condenas y el precedente jurídico, Marina destaca que “es un antecedente y una herramienta importante porque permite visibilizar el carácter patriarcal que tuvo la dictadura y la miopía judicial que lentamente se va rompiendo gracias los lentes verdes y violetas que vienen construyendo con cuerpo, convicción y amor tantas compañeras.”

Finalmente Marina Destéfani, orgullosa hija de Silvia y Jorge, deja en claro que la lucha es colectiva: “Quiero aprovechar para agradecer, nada de lo que pudimos hacer hubiera sido posible sin el acompañamiento de muchxs otrxs , sin la lucha previa y actual de tantxs compañerxs. Quisiera que la historia de mi vieja, su lucha y su voz sean bandera y pañuelo enredados en nuevos abrazos. Aprendí que hay una justicia más allá de los tribunales y es la que ganamos en las camas, plazas y calles. Me gustaría que estuviera acá para poder contarle que su entrega valió la alegría” 

(1) La violencia contra las mujeres en el marco del terrorismo de Estado en Argentina, de María Cecilia Rita Villegas, Universidad Nacional de La Plata.Revista Derechos en Acción Año 3/No 9 Primavera 2018, 251-265

(2) Putas y guerrilleras. Libro de Miriam Lewin y Olga Wornat

Bibliografía:

-La violencia contra las mujeres en el marco del terrorismo de Estado en Argentina, de María Cecilia Rita Villegas, Universidad Nacional de La Plata.Revista Derechos en Acción Año 3/No 9 Primavera 2018, 251-265

-Putas y guerrilleras. Libro de Miriam Lewin y Olga Wornat

-Reflexiones sobre VIOLENCIA SEXUAL y VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL TERRORISMO DE ESTADO. Análisis de la relación entre violencia sexual, tortura y violación a los Derechos Humanos, del equipo de investigadores de los Centros de Derechos Humanos de las Universidades de Quilmes y de Lanús, por María Sonderéguer, Violeta Correa, Miranda Cassino, y Amaranta González 

-Violencia de género y abusos sexuales en centros clandestinos de detención. Un aporte a la comprensión de la experiencia argentina. Por Lorena Balardini, Ana Oberlin y Laura Sobredo (Cels)