*Por Anred

Hace dos años terminaba la ilusión de más de 2 mil familias que se habían auto-organizado en 4 barrios y que hasta habían diseñado un plan de urbanización para aquellas tierras. Quien recuerde Guernica tendrá diferentes versiones de lo acontecido. Algunos dirán: “la usurpación más grande de la provincia”, como repitieron parte de los medios hegemónicos e incluso,  parte del FdT que llegaron hasta argumentar que existía una amenaza inminente a las garantías de la propiedad privada. Otros dirán “hicimos lo que pudimos”, alineándose a la tan manipulada “hay que tener en cuenta la correlación de fuerzas”. Esa fue la excusa de sectores del gobierno provincial que bajaron a negociar pero con propuestas inviables que prendían desarticular una oleada de reclamos con algo de dinero y materiales de construcción a una población que no tenía ni tierras, ni excedente para abonar la renta. Y decimos que el reclamo lo excedía, porque Guernica fue sólo el hecho visible ante los medios. Recordemos que Berni en aquel entonces informaba que repelía 5 tomas de tierra por semana. Esta versión contemplativa en manos del ministro “cuervo” Larroque duró lo que podía, hasta que se apartó del problema para que se cumpla la “justicia”, es decir la represión.

La historia que queremos contar aquí es la propia contada desde las asambleas reunidas al calor del inminente amenaza de desalojo, ante los contantes chantajes que llegaban desde funcionarios,  patotas que pululaban por zonas liberadas amedrentando, golpeando, disparando y ante la estigmatización que caía de todos lados. Vecines, organizaciones sociales, estudiantes, en estas más de 100 hectáreas hubo lugar para las solidaridades. Quizá por todo ello, Guernica llegó a las primeras planas y no fue uno de los tantos desalojos que se dieron y se dan en algún cordón de la periferia. El gran baldío organizado, Guernica traspaso su destino de club privado a quedar como el hecho político que evidenció las millones de familias con problemas habitacionales en un país que acrecienta niveles de pobreza que trepan a  un 40%. 

El pasado sábado 29 de octubre se cumplieron dos años del desalojo a las 2000 familias en la toma de tierras en Guernica y la asamblea de vecines que continúa organizada explica que todavía no se ha cumplido nada de lo prometido por el gobierno de Axel Kicillof cuando aquel 29 de octubre “se había acabado el tiempo de la negociación” y el ministro de Seguridad Berni tomaba las riendas para acabar con los cuatro barrios que se habían auto-organizado en tierras adueñadas por empresarios del country club San Cirano. Apropiadas con los favores de la última dictadura como reveló Edipo.

Aquellas imágenes de la caravana. Niñes, ancianas, familias completas que habían resistido hasta el último día tomaban lo que podían para huir al ver aquella madrugada a los más de 4500 efectivos que ingresaron a las tierras ya parceladas. Fueron les jóvenes quienes se enfrentaron a la infantería, aquellos que se negaban a dejar sus casillas y perder aquel pedazo de tierra luego de tanto aguantar. Trabajadores de la construcción, costureras, empleadas de seguridad, operaries precarizades, changarines. La mayoría de las veces cabeza de familias. Mujeres solas, refugiadas de la violencia patriarcal. Hijes que ya no tienen lugar en el mundo, inquilinos eternos de la clase trabajadora que viven acinados en una pieza que no admite mascotas.

Imagen: Germán Romeo Pena

Porque nada se cumplió

Luego del desalojo, las familias y organizaciones sociales continuaron movilizadas y lograron sentar en la mesa de diálogo a funcionarios que venían llevando las negociaciones en Guernica. Llegaron a un acuerdo con alrededor de 830 familias de «pre-adjudicación de lotes con servicios» y un subsidio de 30 mil pesos que se concretaría por un plazo de 6 meses. En dos años el gobierno solo otorgó una sola cuota de 30 mil pesos, las demás y la promesa de lotes nunca se cumplieron. Aunque el cuerpo de delegados y delegadas que quedo organizado continuó movilizado la respuesta fue más burocracia.

El hecho paradójico fue 13 de agosto del 2021, cuando en los mismos terrenos que habían sido desalojadas las familias organizadas, el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof, junto a la intendenta Blanca Cantero  anunciaban un Plan de desarrollo urbano para entregar dichas tierras a los vecinos y vecinas que desalojaron hace un año atrás. «Vamos a poder acceder y tener la suerte de hacer un barrio para los vecinos de Presidente Perón que hoy luchan y trabajan día a día, pero que el mercado no les da la posibilidad de comprarse su tierra propia”, decía Axel. Este plan de urbanización tampoco se concretó.

En la actualidad, entre movilizaciones y reclamos, las familias lograron volver a sentar al gobierno provincial y municipal para firmar un acta colectiva de un acta de “preadjudicación de lote”, dentro de un proyecto urbanístico de más de 600 viviendas.

La Coordinación de vecines y organizaciones de la recuperación de tierras de Guernica en donde se agrupan las familias han denunciado el continuo desfalco de los funcionarios, “En las reuniones que tenemos en el Ministerio de Desarrollo de la Provincia de Buenos Aires solo recibimos promesas y nada concreto. No hay listado de las familias con sus lotes y viviendas asignadas, cómo tampoco plazos en la entrega de los mismos. Esto es en el marco de que ya tenemos un acta vencida hace más de un año y medio, dónde con la firma del ministro Larroque, se comprometían a entregarnos lotes con servicios en 180 días. Ya estamos cansados de las promesas sin cumplir, y ya hartos de la utilización electoral de nuestro reclamo”.

Desde el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, dirigido por el “cuervo” Larroque dicen que se gastó $151.726.533 en subsidios y soluciones habitacionales. Informan que en dos años se entregaron a penas “10 módulos habitacionales” y que “67 familias recibieron materiales para ampliación de vivienda” y hacen referencia al acompañamiento de cooperativas de construcción.

Asambleas, delegadas y organizaciones sociales la experiencia en Guernica

La clave para entender la resistencia que protagonizaron los tres meses que duró la ocupación de tierras en Guernica fue la paulatina organización interna en asambleas y la elección de delegades en el camino de la auto-construcción de los 4 barrios que se conformaron. La consigna fue simple: exigir al Estado una respuesta frente a la crisis habitacional bajo la consigna «Tierra para vivir». A esto se sumo la experiencia acumulada de las organizaciones territoriales de izquierda en la cual algunas familias ya traían esta militancia. Estas organizaciones fueron parte de la construcción de decenas de barrios populares en todo el conurbano obtenido mediante la acción directa.

Durante todo el proceso que implicó la toma se garantizó la defensa legal de las familias. Se destacó la labor de la Gremial de Abogados y Abogadas que militó a contrareloj las constantes aprietes desde la «justicia». También se levantaron espacios de apoyo escolar, postas de salud donde se brindó atención pediátrica hasta psicológica, se organizaron ollas populares, se  acompañaron a mujeres víctimas de la violencia machista que habían escapado de sus casas en busca de un nuevo hogar, lejos de las situaciones abusivas que atravesaban. También fueron organizadas campañas solidarias a las que se sumaron miles de personalidades del ámbito de la cultura y los derechos humanos.

Otro dato relevante fue la articulación con profesionales provenientes de las universidades nacionales de La Plata y Buenos Aires, que dio como resultado un proyecto de urbanización concreto y posible, que implicaba la construcción de un barrio digno adecuado  a la Ley 14.449 de acceso justo al hábitat.

Todos éstos condimentos hicieron de Guernica una experiencia relevante que presionó a las autoridades a hacerse presente en el territorio. Es así que varios ministros, como el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés «Cuervo» Larroque, y Estela Díaz, titular del Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, se hicieron presentes en la toma para entablar diálogos con los vecinos y vecinas que necesitaban respuestas concretas y urgentes.

En el devenir del conflicto se construyó un dispositivo interministerial que buscaba arribar a un acuerdo con las familias. Fue así que el gobierno provincial, por medio del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad decidió realizar dos censos. El último, realizado a mediados de octubre de 2020, que tuvo como veedores a los organismos de derechos humanos, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), arrojó como resultado oficial que había más de 1400 familias en el lugar. En ese momento la propuesta del Estado fue otorgar 650 lotes inciertos (tanto en su ubicación como en el plazo en que serían adjudicados), generando el repudio generalizado de los vecinos. Como respuesta, y al no arribar a una solución en dicha mesa de diálogo, la decisión política del gobierno provincial fue una campaña mediática de estigmatización de las organizaciones sociales, señalándolas de ser responsables de entorpecer las negociaciones, tachándolas de intransigentes.

La campaña mediática en defensa de la propiedad privada

La campaña mediática instaló «la amenaza de las tomas de tierra» y «la defensa a la propiedad privada», agitadas por el empresariado y utilizadas por la oposición al gobierno para tensionar la interna en el Frente de Todos. A medida que fue escalando el conflicto el arco de medios hegemónicos comenzó una campaña de miedo en defensa de la propiedad privada y una demonización de la toma de Guernica por los hechos de violencia realizados por patotas vinculadas a supuestos dueños y con complicidad policial.

Durante el desalojo los medios hegemónicos no mostraron grieta al momento de informar la represión que llevó a cabo un operativo policial comandado por Sergio Berni y con el aval del gobierno de Axel Kicillof: las señales de cable de la Televisión Pública, América, C5N, Telefe, Crónica, TN y, desde la gráfica, Página 12, La Nación, Clarín, Perfil, Infobae y La Prensa, evitaron a toda costa la palabra represión en sus titulares y gráficas, ni hacer foco en el derecho a una vivienda que tienen las familias de Guernica. Los medios actuaron de conjunto y usaron términos como «enfrentamientos», «disturbios» o «incidentes» para referirse a la represión más grande dirigida por Sergio Berni.

Para las usinas mediáticas, además de la falta de decisión del gobierno había un problema en la “justicia”, la misma que había “liberado a los presos por la pandemia”, y la que el kirchnerismo trataba de manipular a través de la iniciativa de reforma judicial presentada el 29 de julio en la Casa Rosada. Pero también pendía la crítica contra tres normativas que responsabilizaba al oficialismo y a la “burocracia judicial” como “trabas” para desalojar instrucciones a la propiedad privada. Primero, el DNU 320, resuelto a fines de marzo, que prohibía el desalojo a inquilinos, tanto formales como informales. Aunque el decreto tuvo poca eficacia, particularmente para inquilinos informales que no podían pagar alquileres, cuyas familias serán luego quienes protagonizarán las sucesivas ocupaciones de terrenos. Dicho decreto no incluyó las tomas de tierras pero sirvió como señalamiento. Segundo, la ley provincial 15172 y, particularmente, el protocolo para desalojos 707/19, emitido por la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires en abril del 2019, para garantizar un procedimiento que contemple los Derechos Humanos garantizados por la Constitución. “Los alcaldes responsabilizan a la Justicia por la inacción: no hay desalojo posible sin una orden judicial. Los fiscales y los jueces, a su vez, están atados a un protocolo que demora los desalojos una vez consumado”, escribía La Nación en referencia a la resolución 707/19.

El 13 de agosto, La Gremial de Abogados y Abogadas apelaba la orden de desalojo contra las más de 2500 familias, denunciando que ninguno de los “dueños” acredita la titularidad de las tierras y que no se habían respetado los procesos de defensa. Incluía un pedido de resguardo a los 3 mil menores de edad que habitaban la toma. 

El principal instigador del desalojo era un grupo inversor, El Bellaco S.A., que desde el 2014 proyecta expandir un Club&Country a todo lujo en el predio. Al día siguiente, unas 5 mil personas se movilizaron en una histórica marcha al municipio de Guernica. La intendenta se desligó del reclamo diciendo que “corresponde al poder judicial” y se comprometía, junto con el comisario zonal, a detener las agresiones. Mientras sucedía la reunión, una patota incendiaba chozas en uno de los barrios y baleaba a uno de los delegados.

El 17 de agosto se realizaba el “Banderazo #17A” contra la cuarentena, la inseguridad y la reforma judicial. La convocatoria, resuelta más en las oficinas de los medios empresariales de comunicación que en la oposición política, expresaba que ya no quedaba ningún resquicio de tregua con Alberto Fernández y se iniciaba otra vuelta al “periodismo de guerra”.

Todavía estaba fresco el traspié de la “expropiación de Vicentín” (el 31 de julio, Alberto anulaba el decreto de intervención). La “defensa de la propiedad privada”, argumento que dio la iniciativa a las movilizaciones en apoyo a Vicentín, eran el nuevo ariete contra la amenaza de “las tomas y usurpaciones” y “la inacción del gobierno”. Se catalizaba la demanda de mano dura del empresariado inmobiliario con los sectores de derecha. En la misma semana, el grupo Clarín-Telecom, entre otros,  forzaba una devaluación, que llevó al dólar a 133 pesos (un 4% de aumento), comprando bonos AY24 por 2.400 millones de pesos para realizar operaciones con el dólar contado con liqui y el dólar bolsa.

La presión mediática-empresaria para desalojar las tomas de tierras en la periferia de la urbe catapultó una nueva ofensiva en zonas más codiciadas por el negocio inmobiliario, relacionado con el turismo y tierras vinculadas a la expansión del agronegocio. En el blanco quedaron los pueblos originarios y campesinos que «ocupan» tierras en el interior del país, que reclaman suyas, y que en algunos casos se hallaban en procesos de diálogo en torno a la restitución territorial, como es el caso de la comunidad Lafken Wincul Mapu del Lago Mascardi. La avanzada contenía también a empresarios inmobiliarios de las ciudades que ven amenazadas sus viviendas ociosas ante la creciente pobreza y desalojos, particularmente en el sector de inquilinos informales.

Por otra parte, dentro de la alianza de gobierno y ocupando la presidencia de la Cámara baja, Sergio Massa salió a reclamar desalojos sin contemplaciones contra las familias ocupantes e, incluso, fue más allá, ya que el ex-intendente de Tigre, implicado en la concesión de tierras a barrios privados, propuso «quitar beneficios» como el IFE o diferentes programas sociales a quienes tomen de tierras.

(*) Editada por Diciembre