Por Fernanda Espejo y Verónika Ferrucci
¿Por qué algunos casos de mujeres buscadas y víctimas de violencia de género escalan mediáticamente y otros no? Se necesita muy poco tiempo para instalar un nombre, una historia a medias y muchísimos juicios de valor y opiniones sobre una mujer desaparecida y/o víctima de violencia de género cuando en el país se registraron 36 femicidios en los primeros dos meses del 2026: una muerte violenta cada 39 horas, según los datos del informe del Observatorio Nacional “Mujeres, Disidencias, Derechos” de MuMaLá.
Tania tiene 35 años y 4 hijxs, vive en la ciudad de Córdoba. El 13 de enero, apareció maniatada al costado del arroyo en La Cumbre, luego de estar como desaparecida durante 48 horas. La familia y redes feministas impulsaron la búsqueda y exigieron la intervención urgente de las autoridades. Apareció con vida, pero afectada en su salud física y mental, y con una condena mediática y social difícil de sobrellevar. El 16 de enero, fue detenido el único acusado, Néstor Maldonado, e imputado por privación ilegítima de la libertad y lesiones graves, quien en su primera declaración el 23 de enero sostuvo que ambos durmieron dos noches en una plaza, negó haber mantenido relaciones sexuales, dijo que Tania había planeado su desaparición y posterior aparición, que le pidió que “le atara las manos” y reconoció que fue él quien avisó a los bomberos.
Durante tres semanas, ella permaneció internada en el Hospital San Roque tras el impacto de lo vivido. Le tomaron declaración estando así y luego la amplió cuando le dieron el alta. El 29 de enero, tras la notificación de que se realizaría una pericia de ADN y análisis de fluidos, la estrategia de Carlos Nayi, abogado del imputado, fue la ampliación de la declaración: Maldonado afirmó que durmieron en un hotel, que mantuvieron relaciones sexuales con consentimiento de ambos y sin protección. La pericia toxicológica y de ADN confirmó sustancias en el organismo de Tania y material biológico en sus prendas íntimas, y la causa incorporó la imputación por abuso sexual con acceso carnal. Se incorporó también la prueba de la compra del imputado de clonazepam, elemento considerado relevante para analizar las condiciones en que se produjo el encuentro y la inexistencia de condiciones para prestar consentimiento válido.
La defensa del imputado sostuvo que Tania le pedía dinero y planteó la hipótesis de una extorsión. No se detallaron públicamente pruebas concluyentes que acrediten esa versión, más allá de intercambios de mensajes cuya interpretación es materia de debate judicial. Tania mencionó que, en una única oportunidad, él le prestó dinero cuando tenía a una hija internada.
Maldonado fue liberado el 17 de febrero y el abogado defensor lo llevó de gira por los canales locales y lo caracterizó con una personalidad débil y manipulable, pero minimizó las lesiones constatadas en el cuerpo de Tania que, según las pericias, no eran preexistentes. Se documentaron golpes compatibles con un evento reciente y, a raíz de las lesiones en el rostro —con tierra en las fosas nasales y nariz lastimada—, Tania debió recibir asistencia con oxígeno durante su atención médica.
Según destacó la abogada Daniela Morales Leanza, que representa a Tania, “la causa está en la parte de elaboración de prueba, pericias, testimonios, otras pruebas de análisis de celulares. Hasta el momento, hay elementos suficientes para la ampliación de la imputación. Es repudiable que instalaran declaraciones públicas imprudentes, inapropiadas y apresuradas”.
La espectacularización y la violencia mediática
En paralelo al proceso judicial, el caso fue atravesado por un fuerte proceso de espectacularización mediática. Algunos medios locales convirtieron la desesperación de la familia en contenido de consumo, escrutando la vida privada de Tania, su historia personal y sus vínculos, a partir de los primeros relatos difundidos por el varón sospechado y de interpretaciones agregadas —en su mayoría— por periodistas varones.
La estrategia de instalar la versión del varón acusado como víctima recorrió los canales y las redes, única cobertura que no solo privilegió el morbo y la lógica del clickbait, y propició condiciones para la reproducción de discursos de odio y escarnio público en la dinámica de plataformas y redes sociales que buscan deliberadamente multiplicar la crueldad.
Mientras Tania se encontraba bajo atención médica, Maldonado hacía declaraciones públicas y era presentado por su abogado como un varón con rasgos infantilizados, “sometido a los caprichos” de Tania. Se instaló rápidamente una narrativa que la puso en un lugar de sospecha por supuestas “transacciones económicas, manipulación y seducción por dinero”. La reiteración incansable de estas declaraciones tuvo efectos sociales inmediatos. La familia de Tania recibió numerosos agravios en redes sociales y por vías privadas, incluso amenazas, lo que evidencia cómo determinadas coberturas no solo afectan la percepción pública del caso, sino que pueden traducirse en hostigamiento concreto hacia las víctimas y su entorno.
“Tuvimos que enfrentar la versión de los medios y la de la gente. Recibimos amenazas. La gente habla sin saber, señalando. Tenemos que soportar la condena social y nos duele y afecta nuestra vida y la de Tania”, expresó Brisa, hermana de Tania.
Nayi sostuvo una retórica de “tolerancia cero” frente a la violencia de género, equiparándola con quienes utilizarían las estructuras del Poder Judicial y de la policía para realizar denuncias falsas, discurso orientado a sembrar sospecha sistemática sobre las denuncias por violencia de género y a reforzar marcos interpretativos que invierten la posición víctima-agresor. Esto va de la mano con iniciativas legislativas que buscan agravar las penas para denuncias consideradas falsas en casos de violencia de género o violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, promovidas por figuras como Carolina Losada y Lilia Lemoine, con respaldo discursivo del exministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
Quieren instalar la idea de un uso extendido y malicioso de las herramientas legales de protección, configurando una supuesta defensa de “varones víctimas del feminismo”. La organización Varones Unidos, fundada por el feminicida Pablo Rodríguez Laurta junto a otros grupos afines, conforma entramados de operadores judiciales, políticos y comunicacionales que buscan deslegitimar denuncias de violencia de género y construir marcos interpretativos que protejan a agresores, instalando la noción de una “industria de la denuncia falsa”.
La amenaza de sanción penal sobre quienes recurren a la Justicia sin “garantía de éxito” opera como un mensaje disciplinador que puede inhibir a víctimas de violencia de género y sexual de buscar ayuda, profundizando las barreras ya existentes para el acceso a la justicia.
La mala víctima
Construir una mala víctima es en lo que tienen mucha práctica algunos periodistas que omiten hablar de femicidios, de violación, quienes relativizan las violencias de género y —casi como regla— culpabilizan a las mujeres “por las dudas”. Así se sostiene un pacto de caballeros que también es mediático: un acuerdo implícito que protege a los varones y coloca bajo sospecha a quienes los denuncian.
Un posteo de Canal 12 de hace tres días dice: “¿Una desaparición planificada o un delito más grave?«. Otro del mismo canal afirma: «Sexo, dinero y droga: las principales contradicciones entre Tania Suárez y Néstor Maldonado«. “El 18 de febrero, Telenoche accedió de manera exclusiva a la información de la acusación de la fiscal contra Néstor Maldonado”. Las formulaciones no son neutras, instalaron desde el inicio la hipótesis de una posible simulación por parte de la mujer desaparecida, habilitando la sospecha antes de que la investigación judicial avance. Introducen elementos asociados al escándalo moral —sexualidad, consumo, dinero— como claves interpretativas del caso y la categoría de “mentirosa” aparece como corolario posible, reforzando la idea de que la denunciante debe demostrar permanentemente su credibilidad.
¿No resulta sintomático que, en un país donde hay un femicidio cada 39 horas, se continúe dando voz privilegiada a los violentos y se siga poniendo en tela de juicio a las mujeres que denuncian, desaparecen o son asesinadas?
La dicotomía “buena” y “mala” víctima se reactualiza con cada caso y opera como filtro moral que define quién merece empatía y quién merece sospecha, trasladando la responsabilidad de la violencia hacia quien la padece. La “buena” es aquella que encaja en los mandatos de género: sumisa, recatada, pasiva, “inocente”. La “mala” es la que se aparta de esas normas: la que ejerce su sexualidad, la que transgrede expectativas sociales, la que no responde al ideal moral esperado.
Nancy, la mamá de Tania, cuenta que después de que ella apareció, “las versiones que circularon fueron otras formas de dolor. Tuvimos que enfrentar miradas, comentarios y hasta amenazas que lastimaron mucho. Aun así, decidimos refugiarnos en la verdad y en quienes nos acompañan de corazón”.
No son solo estilos narrativos, funcionan por fuera de los protocolos para el abordaje de las violencias por motivos de género. Muchos periodistas se convierten en opinólogos desde el sentido común —y no desde la evidencia— y reproducen estereotipos y prejuicios. No convocan a profesionales, investigadoras/es o especialistas en violencia de género que aporten marcos analíticos rigurosos. Lejos de ser simples mediadores de información, se constituyen en actores centrales en la producción de imaginarios y opinión pública, con un efecto de relativización de la violencia, y se desplaza el eje hacia la moralidad de quien denuncia. Así, el pacto mediático no solo protege simbólicamente a los agresores: también construye un tribunal moral paralelo donde la mujer debe probar su inocencia antes de que siquiera se reconozca la violencia denunciada. Desarmar esta lógica implica disputar el sentido común que transforma la sospecha en regla y la empatía en excepción.
“Es repudiable el manejo que tuvo la estrategia defensiva por fuera de la investigación, se adelantó con una desventaja abismal porque Tania estaba internada sin poder declarar y dio versiones que no coincidían con lo que estaba en el expediente, utilizó relatos a su favor e instaló una opinión pública que está castigando y que creó un monstruo de Tania. Bajo ningún punto de vista, la carga de la prueba tiene que estar en cabeza de la víctima, es el Estado, a través del Ministerio Público Fiscal, el que tiene que investigar, acusar, sostener una acusación o no, en caso de existir o no delito”, expresó Morales Leanza.
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