El saqueo avanza
Por Lea Ross
Colaboración: Guadalupe Scotta
Cobertura La Luna con Gatillo y Diciembre
La represión en Córdoba, contra quienes se manifestaron contra el DNU de Milei, es el preámbulo que anuncia un panorama de saqueo y represión. Entrevista exclusiva con el fiscal que ordenó el desalojo, donde compara el protocolo policial de Córdoba con el protocolo anti-piquetes de Bullrich. El mega-decreto del Presidente habilita la entrada del contrabando y la fuga de mercadería aérea, como un intento desesperante de no conseguir los dólares.
La primera represión policial en la era presidencial de Javier Milei, ocurrida el jueves 21 pasado a las 22:15hs., no lo emprendieron las fuerzas federales de Patricia Bullrich, sino una de las policías provinciales; la de Córdoba. He aquí que las gestiones gubernamentales de las provincias no solo emprenden una tercerización del ajuste económico, basado en el achicamiento de gasto público para compensar la caída de transferencias y límites de obra pública, sino también por el consecuente ejercicio represivo ante los reclamos de rechazo ante este panorama federal.
El desalojo número uno, a nivel país, fue contra el primer cacerolazo cordobés en repudio al Decreto presidencial N.º 70/2023. Se realizó frente al shopping del Patio Olmos, donde no hubo banderas tradicionales. Además de las cacerolas, los cánticos provenían de distintos ecosistemas de activismos, enfocados en el concepto de “patria” y “soberanía”, como también quienes repudiaban la pasividad de la CGT. Y en el medio, aparecieron algún que otro afiche jocoso, como la frase “Conan es un perro de mierda”.
Con la paulatina elevación de la convocatoria, se procedió a ocupar la calzada completa de la calle Vélez Sársfield. Ante ello, los efectivos de seguridad cargaron sus escudos y gas pimienta para desalojar la concentración. Y de paso: llegar detener a cinco personas. Uno de ellos fue Rodrigo Savoretti, integrante del portal Enfant Terrible. El sindicato de prensa de Córdoba, Cispren, publicó un video del momento en que es forzado por los uniformados, haciendo oídos sordos cuando se presentaba como periodista.
Las aprehensiones duraron más de 18 horas, hasta que todos fueron liberados, en distintos horarios, de la Unidad de Contención de Aprehendido N.º 9. Ya en sus hogares, cargan en sus espaldas imputaciones por entorpecimiento del tránsito y resistencia a la autoridad. Es decir, los comodines habituales dentro del Código Penal para limitar cualquier protesta.
Policías cosplay
Minutos después de ocurrido en el Patio Olmos, su humilde servidor obtuvo el testimonio de un particular, que quedó sin su remera durante la represión y que casi pierde una de sus zapatillas. “Del lado del cordón policial, me agarra del brazo uno que estaba de civil y me arrastra del piso para su lado. Decí que dos pibas me tironearon para que no me llevarán”, comenta quien podía haber sido uno de los detenidos. Allí me percato que su oreja quedó con sangre por el golpe que recibió en el piso.
Si no bastara con el disfraz para emular su uniforme, también se viralizó la imagen de otro policía que, en la previa de la marcha piquetera realizada el miércoles 20 de diciembre (el día anterior al cacerolazo), apareció una mujer portando un chaleco con la inscripción de “Prensa”, sin que nadie la conociera y sacando fotografías por el lado policial.
Según confirmó La Luna con Gatillo, se trata de una sargenta primera que se dedica a editar los videos institucionales para el canal de Youtube de la Policía de Córdoba. Para cuando cuelga su uniforme, además de disfrazarse de “periodista independiente”, se dedica al rubro fotográfico para eventos familiares. El mencionado portal trató de comunicarse con la policía cosplay para conocer su versión. La respuesta fue un bloqueo en su cuenta de Facebook y, aparentemente, la eliminación de su cuenta en Instagram.
La palabra del fiscal
-¿Pudo dormir anoche?- le preguntamos apenas entramos a su oficina.
-No.
Ernesto de Aragón nos acepta una entrevista para darnos su mirada, a tan solo doce horas después haber ordenado a los policías que realizaran el desalojo en el Patio Olmos. Es el mismo funcionario que pidió un juicio contra seis dirigentes de organizaciones sociales -entre ellos el secretario general de ATE Córdoba, Federico Giuliani, y dos del Polo Obrero, Emanuel Berardo y Soledad Díaz García- por organizar una marcha contra el FMI en el mes de abril. La elevación de la misma se basó en el testimonio de uniformados policiales. Las caratulas son las mismas que se aplicaron a los cinco del cacerolazo reciente.
-¿No considera que lo ocurrido el jueves fue abusivo?
-No. Yo entiendo que, por el seguimiento que he estado haciendo de la situación, la Policía ha actuado en el marco de una respuesta progresiva con medios racionales. Ante el marco de una lluvia de piedras y patadas, se reaccionó con algunas de estas… armas no letales, como le dicen ellos, o gas lacrimógeno (sic), no sé bien cómo catalogarlo porque son ellos quienes manejan esa cuestión, yo no soy experto en eso y son ellos quienes lo administran. Pero por lo que yo he visto en las imágenes publicadas, entiendo que no hubo ningún abuso policial. Si surge algo, no voy a mirar para otro lado, la investigación se remitirá a otro fiscal. Pero no advierto que eso haya existido.
-Pero sobre lo ocurrido, ¿usted se basa en el aporte testimonial de los policías?
-Exactamente. Soy absolutamente franco en eso. Me faltan ver imágenes, me falta entrevistar y muchas otras cosas. No he tenido tiempo de tener todo el material con calma.
-Pero uno de los imputados es periodista.
-Ehh, uno trabaja en un medio. Pero por la información que yo pude recabar, que por ahora solamente se basa en el testimonio de los policías, es que esta persona no estaba trabajando como prensa.
-¿Se basó en las imágenes también?
-Las imágenes… las tengo que empezar a ver. Aparate de las cámaras privadas que puede haber en el lugar, son los domos policiales. Y eso se requiere por oficio, no los tengo en vivo.
-Nos informaron que hubo policías de civil a la hora de llevar a cabo a los aprendidos. ¿Qué sabe al respecto?
-Desconozco. Yo no tengo bajo mis órdenes una dotación. Tienen un jefe, en el cual yo tengo contacto, y él a su vez tiene contacto con sus subordinados. Ahora, quiénes y cuántos efectivos estuvieron en el lugar, desconozco.
–¿Cuál fue el criterio para detener a cinco personas, si dice que hubo 600 en total?
-El criterio fue por la comisión de delito de flagrancia en función de los incidentes cuando se despejó la calzada. A mi se me ha preguntado si el criterio fue porque se consideraba delito al corte de calle en sí. Hay muchos que creen que sí. Yo no. Que una movilización corte una calle, yo no veo que eso sea delito. Es delito cuando el corte se hace de manera deliberada e intencional como un medio para visibilizar la protesta. Yo interpreto que, en esas circunstancias, sí hay un delito.
-¿Qué opinión tiene sobre el llamado “protocolo Bullrich” contra las manifestaciones piqueteras?
-No me corresponde dar una opinión política. Desde el punto de vista técnico, el “protocolo Bullrich” es un instructivo dado a las fuerzas federales para aplicar en territorio federal, no en las provincias. De todos modos, su objetivo principal, más allá de algunas diferencias de grados, es tratar de mantener el orden en las manifestaciones, que es el mismo que tenemos nosotros con una metodología un poco más acentuada en coordinar y persuadir…
-¿Pero entonces usted dice que es comparable el “protocolo Bulrrich” con el protocolo que hay en Córdoba, más allá que uno se aplique a nivel federal y el otro a nivel provincial?
-Bueno, le diría que, en parte, en la metodología hay algunas diferencias, en cuanto que acá se hace hincapié en el diálogo y la disuasión previa. No se habla del despeje total de la calzada, sino que simplemente hay que garantizar la circulación vehicular. Eso habilita un amplio margen para que nosotros podamos trabajar con tranquilidad. Es decir, son diferencias de grados de implementación. Ahora, el objetivo es el mismo, que es tratar la libertad de expresión, de manifestarse y a la vez asegurar el orden y la seguridad pública.
-¿Qué puede decir de este video (le mostramos el material desde un celular) que muestra a una persona desconocida como “Prensa” en la marcha piquetera del miércoles y resulta que se mantiene cerca de la policía? Porque se señala que está haciendo servicio para la Policía.
-Eso lo verán los que quieran denunciarlo para ver si eso es legítimo o legal.
-¿Cómo si eso es legítimo o legal?
-No es competencia mía analizar esas cuestiones, de que si eso es parte del personal policial o no. Yo no conozco. Habrá que preguntarle a los responsables de la provincia.
-¿Pero usted duda que sea ilegal que la policía se haga pasar por prensa?
-A ver… así como yo no opino de temas de política como el “protocolo Bullrich”…
-No, no, de cuestiones jurídicas le pregunto.
-Si hay una denuncia, si hay un reclamo de lo que fuere, habrá que evaluar si hay una violación de una ley provincial. O, no sé, de la Ley de Inteligencia, entonces no podría ni siquiera corresponder a nuestra competencia (provincial). Pero eso que me está mostrando es una imagen de una persona con un chaleco de prensa. Eso tiene que venir sustentado con algo más. Si usted lo tiene, tráigamelo y lo analizaremos, o sino donde tiene que ser presentado donde tiene que corresponder. Si me pregunta si sé que hay policías “enmascarados” como prensa, no, no lo sé.
-Lo que pasa es que usted asevera que su investigación se basa en los testimonios de los policías. Y como no es la primera vez que recibo registros de policías haciéndose pasar por prensa, más lo que me señalan que habría policías de civil, uno debe preguntarse de qué manera se está encaminando está investigación…
-No, no, no, a ver… Yo, me manejo con sumo respeto y contesto todas las preguntas, pero me parece que tampoco hay que parcializar las respuestas. Yo no he dicho que mi investigación se basaba simplemente en el testimonio de los policías. Yo lo que he dicho fue que esto ocurrió a las nueve de la noche, yo estaba a las cinco de la mañana definiendo si había imputaciones o no, y que tengo por delante toda una investigación que tendré que resolver. Eso es lo que yo he dicho.
-Por último: ¿sabe si hubo menores y personas de tercera edad en esa concentración?
-No… no me lo comunicó personal policial. Y no lo he visto en las imágenes… bah, habrá que repasar para ver si hubo personas de tercera edad. Menores no he visto.
Que las fuerzas del cielo nos acompañen
El Decreto 90/2023, cuyo rechazo fue lo que esta propulsando en estos momentos los cacerolazos y piquetes en el país, esta compuesto por 366 artículos. El primer título, que preanuncia las “Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina”, los define como tres: Emergencia económica, desregulación del Estado e inserción en el mundo.
Dentro de los 14 títulos que se divide la norma, el que tiene mayor cantidad de artículos es el número 9. Lleva de nombre “Aerocomercial”. Va del artículo 178 al 248. Es decir: conforma la quinta parte de todo el cuerpo normativo. El segundo título de mayor tamaño es “Salud”, el número once, que va del artículo número 264 hasta el 325, cuya principal polémica es la desregulación de la comercialización de medicamentos y los aumentos de precios en las prepagas. El tercer título de importancia es “Comercio Exterior”: del 98 al 153. Finalmente, el cuarto lugar es para “Trabajo”, el Título 4, que va del 53 al 97, donde se conforma la llamada reforma laboral, mediante el “modelo UOCRA” para habilitar el seguro de desempleo solventado por los propios trabajadores, y facilitar más la contratación por tercerización u otros contratos “basura”.
Pero si sumamos la cantidad de artículos que tiene “Aerocomercial” y “Comercio Exterior” conforman el equivalente a una tercera parte de todo el DNU.
En el título “Aerocomercial”, tiene contenido el cese del patrimonio accionario de Aerolíneas Argentinas a sus empleados, en una suerte de despegue a su privatización. Pero a la vez, se quita exigencias para la entrada y salida de aviones extranjeros al territorio nacional, incluyendo los que no tienen tripulantes (drones), y se anulan leyes apuntadas al control público del transporte aeronáutico y aerocomercial. Mientras que “Comercio Exterior”, se deroga la Ley 25.626, que prohibía la importación de determinadas mercaderías, anula trabas para que empresas importadas con causas judiciales referidas al contrabando puedan seguir trabajando y restringe funciones a la Administración Nacional de Aduanas. Con esto se entiende el “ingreso al mundo”.
Si Argentina ha tenido como pendiente una mayor regulación al embarque de mercaderías por parte de las grandes exportadoras, hoy se dimensiona una mayor desregulación, que incluso permite la entrada del crimen organizado. Es decir: de aceptar dinero sucio para equilibrar un esquema monetario. Muy parecido a las sospechas que la dolarización habilita la entrada del narcotráfico para lavar fondos.
Esto ocurre en el marco del frustrado intento del mago sin dientes de las finanzas, Luis “Toto” Caputo, de no lograr convencer a sus compinches de Estados Unidos para que inviertan en nuestro país. Sea para la dolarización, para una nueva convertibilidad, o simplemente tener un mínimo colchón ante una economía bimonetaria donde se le fuga sus divisas, para el gabinete de Milei implica dejar un mensaje tajante ante el mundo. Como decía un ex-juez federal: si antes vendíamos las joyas de la abuela, hoy vendemos a la abuela, y estando viva.
Esa “entrada” de habilitar la mercadería en negro, sumado a la vorágine del paso de aviones para transportar bienes desconocidos susceptibles para garantizar el saqueo, es la otra cara de lo que implica estas reformas laborales, impositivas, jubilatorias, empresariales, sociales y ambientales, cuyo rechazo callejero ha tenido como preámbulo lo ocurrido en el corazón céntrico de la tierra del fernet con coca.
Ante este diabético panorama, simplemente les deseamos pasar unas dulces fiestas con confites.
