Ir hasta el Fondo

Por Lea Ross para La Luna con Gatillo | Ilustración: @fuska.visual

En Córdoba, te imputan si hablás mal del FMI. Las sospechas sobre la “mano invisible” del gobierno provincial detrás de la justicia. Una charla exclusiva con el poder judicial cordobés que compara las protestas con las dictaduras militares. El preámbulo de un ajuste económico administrada por el co-gobierno.

Para Córdoba, el mes de abril arrancó con el anuncio de ocho personas imputadas por ejercer protestas callejeras. Dos fueron confirmadas en el fuero federal, por un piquete ocurrido en la Ruta 9 en la localidad de Colonia Carroya; lo curioso es que la protesta ocurrió hace más un año atrás, en enero del 2022, en la previa del Festival de Jesús María. Mientras que los seis restantes ni siquiera están identificados. Su existencia no es más que, por ahora, una alocución que realizó el fiscal Ernesto de Aragón contra quienes participaron de los cortes de calle realizados el centro de la capital cordobesa el miércoles pasado.

Todo justo en la misma semana que el “co-gobierno”, compuesto entre el Fondo Monetario Internacional y el Poder ejecutivo nacional, acordaron severos recortes para paliar el déficit fiscal.

A pique

Las organizaciones congregadas en la llamada Unidad Piquetera habían definido que, para el día miércoles 5 de abril, se ejercerían cortes de calles, de manera simultánea, en un centenar de lugares del país. El principal reclamo fue detener la quita del beneficio del Potenciar Trabajo, que en el verano saliente fueron de alrededor de 90 mil personas, casi la décima parte de todo ese universo.

En la provincia mediterránea, se tuvo que lidiar con un fallo, firmado el viernes pasado, emitido desde el Juzgado de Control y Faltas N° 10, exigiendo la restricción a las protestas callejeras. Allí, se demanda “cesar las situaciones vulneratorias de derechos constitucionales en un término razonable y mediante la implementación de medidas efectivas conducentes a tales fines” y que la Policía de Córdoba lleve “adelante todo tipo de tareas inherentes a la prevención anticipada de la toma indebida del espacio público, con preponderancia de las calles y demás vías de circulación”. Un párrafo muy llamativo de ese texto es que compara las protestas masivas con las dictaduras que se ejercieron en América Latina en décadas pasadas. Aquí exponemos el dichoso fragmento, para demostrar que no se saca de contexto.

La resolución fue en respuesta a un habeas corpus, presentada el año pasado, por el centro vecinal del barrio Nueva Córdoba y por comerciantes de la zona. Uno de ellos es el dueño de Fiorani Free Shop, los famosos locales que ofrecen fragancias con marcas de alta gama internacional como Dior o Giorgio Armani. ¡Ohlalá!

Quien los asesó fue Eduardo Bittar, uno de los vicepresidentes del Colegio de Abogados de Córdoba y, por ende, un poco oneroso en cuanto a sus honorarios. Cuando Bittar presentó este recurso por mesa de entrada, casi en simultáneo, el legislador por el oficialismo provincial, Juan Manuel Cid, quien preside la Comisión de Asuntos Constitucionales, impulsó un proyecto de ley para frenar los piquetes masivos con argumentos muy parecidos. Cid tiene un lazo fuerte con Bittar, porque colaboró en su campaña para que su lista fuera reelecta en la gremial de letradxs. “Nosotros entendemos que acá hay un ataque del gobierno provincial. Porque la justicia es un apéndice del poder ejecutivo provincial, no es imparcial”, aseveró Emanuel Berardo, dirigente del Polo Obrero en Córdoba, al presente cronista.

Se me escapó la inteligencia

Durante las protestas, a algunxs no se les escapó el detalle de la presencia de supuestos periodistas, que enfocaban con una filmadora los rostros de les manifestantes. Los individuos, con vestimentas que portaban la insignia de “Prensa”, cumplen con todos los requisitos para ser una figura estereotipada. El fiscal Aragón sostuvo que para poder determinar las “seis imputaciones”, requería la revisión de unos registros fílmicos. Hasta ahora, se interpreta que hablaba de las cámaras de vigilancia.

Meses atrás, antes que se emitiera la cuestionada resolución, el juzgado de control y faltas organizó unas audiencias judiciales, donde se le preguntó a la jefa de Policía de Córdoba, Liliana Zabala Belletti, si se podían identificar a ciertos cabecillas que podrían ejercer algún delito; ella respondió que sí. Según el colega Juan Manuel González, que cronicó esos encuentros para La Voz del Interior, el pedido especifico era que si se podía realizar “inteligencia” para “cortar la cabeza” de las organizaciones. Cuando algunos medios le preguntaron al juez de control si realmente dijo eso, él aclaró que más que “inteligencia”, lo que quiso decir es “investigación”.

Hay tiranías y tiranías

Es miércoles al mediodía. El presente cronista se contacta con una importante figura del ámbito judicial, que tuvo un rol central en el lanzamiento del mencionado fallo antipiquete. “Hoy se ha dado una toma total del centro”, me comenta por teléfono, al que pide ser citado en off. Palabras más, palabras menos, éste fue el intercambio que tuvimos:

-He consultado con un ex juez de la provincia de Córdoba, que me dice que lo que le llama la atención de este fallo es que no apunta a un hecho concreto, sino en abstracto. Y por ende, está legislando, que es un rol que tiene otros poderes del Estado. ¿Qué puede decir sobre eso?

-Respeto la opinión de ese ex-juez. Al contrario: el fallo habla de una problemática concreta, que es lo planteado por los accionantes. Y por el otro lado, no legisla. Simplemente, le dice a las autoridades provinciales cuáles son las normativas vigentes.

-Pero la opinión de mi fuente me remitió a un momento del fallo, que responsabiliza las protestas piqueteras del 2001 por la declaración del Estado de sitio. ¿Considera que eso es así?

-No, al contrario. El Estado no debe estar ausente en esas situaciones para evitar una escalada de violencia. En otro fragmento del fallo, también se menciona otro caso, que fue cuando un grupo de barrabravas atacaban un piquete, por cortar la ruta. La ausencia del Estado es lo que genera esas violencias.

-¿Y la justicia no estaría legislando entonces?

-No. Porque todo se basa en la legislación vigente. Lo dice el Artículo 194 del Código Penal, que establece como delito la interrupción del transporte. Más claro, échenle agua. Pero la función de un juez tiene claro que es aplicar la ley, no legislar. Obviamente, cualquiera se puede equivocar en la interpretación de leyes. Pero permitir protestas que vulneren los derechos de los comerciantes, me parece ruidoso.

-¿Por qué no se permitió la participación de quienes realizan protestas en las audiencias judiciales?

-Porque los habeas corpus interponen contra el Estado para exigir que cumpla ciertas normas. No hay partes penales. Además, no se podría darle espacio a todos aquellos que ocupan espacio público. No es solo organizaciones sociales, también hay sindicatos, clubes…

-Pero el fallo menciona al Polo Obrero.

-Se lo menciona como ejemplo. Habla del uso indebido del espacio público.

-Sin embargo, en el fallo, se apunta en particular a los piquetes, donde casi hace una historización. De hecho, el fallo dice que los extranjeros ven con extrañeza a los piquetes.

-Bueno, eso quiere decir que estamos a contrapelo del mundo. En otros países, a la hora de protestar, se utilizan otras vías.

-Pero al resto del mundo también le llamó la atención que por el triunfo del Mundial, en Argentina salieron a las calles miles de personas y no hubo un solo muerto.

-Bueno, pero… ¿cuántas veces ganó Argentina el Mundial? No hay enfrentamientos porque todos están embanderados en una misma premisa, y porque es feriado. Es algo pasajero, no es sistemático como lo que se vive permanentemente en el centro de la capital. La solución es empatizar con todas las partes. Hacerlo solo con una facción, y que es la más numerosa, me parece fascista.

-A eso quería llegar: hay un momento bastante llamativo en la resolución que, prácticamente, compara esas protestas masivas con las dictaduras latinoamericanas. ¿Realmente considera que son comparables?

-Habla de las tiranías de masas. La tiranía es toda aquella que por toda vía de fuerza se impone por encima del resto de la población. Porque si por una determinada problemática social, que lo conocemos en todo el país fruto de la crisis económica, habilita a los grupos afectados ir en detrimento del resto de la población, no es un razonamiento válido. Todo lo que se impone por la fuerza en detrimento de cualquier grupo o individuo es un acto antirrepublicano y antidemocrático.

-Pero le vuelvo a repetir: ¿son comparables con las dictaduras?

-Habla de las tiranías de masas. Precisamente, lo que hablo es que reina la imposición de la fuerza. Que no se escuche la voz de un comerciante, de un vecino o de cualquier otra persona que esté en inferioridades de condiciones porque no está agrupada de una forma determinada o porque numéricamente no está en representación, entonces sí es antidemocrático y tiránico.

-Se insiste como víctimas a los comerciantes de la capital o quienes viven en el centro. ¿Cuál sería el rol de la justicia, cuando tiene familias que viven más cerca de la periferia, que tiene escasos recursos y que incluso les cuesta llegar al centro, porque las líneas de colectivo no siempre cumplen con la frecuencia y la llegada que lo requieren?

-La forma de intervención política de todos los ciudadanos es con el voto popular. El pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Las autoridades son electas en el poder ejecutivo y legislativo. No es el rol de legislar ni tomar decisiones ejecutivas al poder judicial. Pero lo que sí puede hacer es que se cumpla con la ley. Las vías de hecho no son el modo de cambiar las cosas.

-¿Entonces esas familias pueden acceder a la justicia, de la misma manera que accedió las personas del centro?

-Esa gente del centro no son los más pudientes. En lugar de ir al choque, optaron por una vía judicial…

-Recurriendo a un abogado que tiene un cargo importante en el Colegio de Abogados.

-Bueno, pero lo que sobra en Córdoba son abogados. Y muchos de ellos ni cobran. No creo que hay que generalizar o estigmatizar de los comerciantes. De hecho, valoro que hayan recurrido a esta alternativa, en lugar de cortar una calle…

-¿Están estigmatizados los comerciantes de Nueva Córdoba?

-Considero que sí. Sino, es ver la situación parcialmente. Además, fueron ellos quienes recurrieron a la justicia y este tiene que darles tratamiento. Es como si a un juzgado se pidiera investigar un homicidio, y se lo acusa de no tratar los casos de violación.

La noche del Fondo

Es el primer lunes de abril, y recorro las calles céntricas arriba de un taxi. A pesar que el cielo está oscuro, y el reloj marca las nueve, un grupo de docentes realiza una protesta cortando la media calzada de la calle Chacabuco, la vedette de las manifestaciones, debido al toque rococó que viene recibiendo en inversión municipal de obra pública. Sostienen un gazebo, para emular una carpa blanca. “Pobre gente, les proponen un salario de miseria”, me comenta la taxista opinando sobre el tema.

Sea el personal docente como de salud, las protestas de trabajadores estatales generan una mínima adhesión por parte de la sociedad cordobesa en su conjunto. No así quienes están organizadxs desde algún movimiento social, enfocados en la categoría de “planeros”. Por eso es más fácil para los Estados “focalizar” sus problemas, con los palos a nivel provincial o desde el bolsillo a nivel nacional.

Para esa misma hora, mientras me dirijo a la terminal de ómnibus, la página web del Fondo Monetario Internacional habrá subido la último revisión trimestral de la situación nacional. El staff report, como le dicen. Allí se diagnóstica el cumplimiento o no de las pautas impuestas por el organismo internacional, más las próximas exigencias a cumplir, con acuerdo de la administración gubernamental económica, a cargo de Sergio Massa.

En su punto 12, hacen referencia al Potencia Trabajo, desencadenante de las protestas del miércoles. Subraya que se deben “continuar los esfuerzos para fortalecer la focalización del programa emblemático de empleo social”. Focalizar quiere decir ajustar. Para eso, esperan que 400.000 beneficiarios caídos pasen al mercado laboral formal y que 500.000 retornen a la escuela. Casi como si fuese una orden de rango militar. Finalmente, se busca “reducir las superposiciones de programas” y que “la mayor parte de los ahorros por la reducción de transferencias se destinarán a fortalecer el capital humano a través de la entrega de herramientas o financiamiento de polos productivos”.

Por otra parte, en el punto 11, se anuncia “una nueva resolución en abril” para subir las tarifas de luz de “altos ingresos” entre 85 y 90%, mientras que el resto usuarios más alumbrado público serán del 31%. En cuanto a “usuarios comerciales, se implementarán aumentos de precios adicionales en agosto (17%) y noviembre (7%)”. El párrafo es acompañado por una gráfica que señala que las boletas de Argentina son baratas en comparación a otros países.

Finalmente, el punto 13, se menciona sobre la famosa moratoria para personas jubiladas que no dieron su aporte, aprobado hace poco en el Senado. Allí se anuncia que se lanzarán normas “para orientar la entrada en la moratoria a aquellos con mayor necesidad”, y que se tendrá que “garantizar una fuerte verificación de recursos”. También, el beneficio solo será para quienes hayan realizado algún aporte al sistema, que no reciban otros beneficios o que no puedan comprar dólares. Es decir: poner trabas al tan festejado proyecto aprobado por el oficialismo. “Dicho esto, es probable que se necesiten más medidas de ingresos y gastos de alta calidad”, sostiene el Fondo.

La verdad y la realidad

Todo esto expone que las medidas del Fondo Monetario Internacional vienen impactando fuerte en los bolsillos, aún con el silencio de la dirigencia. En particular, del gobernador Juan Schiaretti, que por primera vez habló del FMI. Fue en una entrevista a Jorge Fontevecchia el domingo pasado:

Decir que el FMI “no está exigiendo que le paguen”, que no exige “algo imposible” de pagar, que “fuimos los argentinos” quienes recurrimos al Fondo y que no hay “un apriete” por parte del organismo al país tiene tanta sinfonía perlocutiva como otro presidenciable, años atrás, cuando decía que combatir la inflación era re-fácil. Tomar la cuestión del Fondo como algo light es el horizonte de un discurso “cordobesista” del cual siempre pretendió ocultar la incidencia del magnánimo crédito emitido desde el 2018 a nuestra realidad.

Criticar la economía argentina sin mencionar al FMI, sea ejercida por Schiaretti como cualquier otro, es como la broma del Dr. Tangalanga al dueño de un videoclub, referida a una película con Robert Redford: