Todo lo que duele: la memoria tiene el rostro de su juventud
*Por María Eugenia Marengo para CDMNoticias
Hace 9 años Jorge Reyna, de 17 años, oriundo de San Esteban era detenido por la policía de Capilla del Monte y en menos de 24 horas, perdería la vida adentro de un calabozo. Después de un año de su asesinato, la comisaría del pueblo fue remodelada. No existe más la ventana donde lo encontraron colgado, ni las rejas, ni la celda. No hay más escena del crimen que las fotos de la policía judicial. Hoy, el expediente está archivado en la Fiscalía de Cosquín, a cargo de la Fiscal Paula Kelm. Olga Tallaprieta, su mamá, lleva nueve años sin llegar a la verdad, ese anhelo que se ha convertido en una herida abierta de tantas madres que perdieron a sus hijos en manos de las fuerzas de la seguridad.
La mañana del domingo 13 de enero de 2013 la familia Reyna se despertó temprano, entre gritos. Cuando Olga Tallapietra salió de su casa de San Esteban para saber qué pasaba, vio que la policía saltaba el alambrado para el campo aledaño. -Métase adentro señora- le decían ellos. “Cuando veo a quien sacan -les digo-, ese es mi hijo”.
De su casa lo llevaron al Complejo Esperanza, a las afueras de Córdoba, junto con otro, más pibito que él, pero lo largaron rápido. Jorgito lo defendía y les decía que no tenía nada que ver. El complejo Esperanza cuenta con seis edificios, donde van a acomodando a los jóvenes para su “re-educación”. Apenas llegó, estuvo en el edificio “Nuevo Sol”, ahí lo “hicieron re cagar”, como les había dicho a sus padres. Después, lo trasladaron a “Paso de vida”, donde están los chicos “más calmados”. Estuvo cinco meses en el Instituto y se dio maña con las manualidades, que le obsequiaba a su mamá. En la carta que les envió desde el Instituto, Jorgito no veía la hora de encontrarlos. “Tengo muchas ganas de comer un guiso de arroz con pollo como los que prepara la mami y que papá me espere con una fresca”. Ansiaba ver a sus hermanos y a sus amigos. Sabía que todavía le faltaban unos meses, pero venía bien.
En mayo Jorgito volvió con su familia con la convicción de que “no se iba a mandar más cagadas”. Como dicen todos, “se quiso alejar de ese camino malo y empezar por algo bueno, hasta que lo volvieron hacer entrar en la misma. Si todo el tiempo la policía lo perseguía”, revela Olga.
Los últimos días
La última vez que los visitó fue antes del día de la madre. Hacía un tiempo se había ido a lo del abuelo en Capilla del Monte, “me voy con el nono”, les dijo. Estaba trabajando en un taller mecánico de Santa Isabel: “Venía tan bonito, camisita a cuadros, -la misma que tenía la noche que lo mataron- jeans, zapatillas nuevas”, recuerda Olga. Estaba impecable.
Pero se volvieron a ver. El 23 de octubre llegó una citación de la policía para presentarse en la Fiscalía de Cosquín por una pericia psiquiátrica para el Instituto de Menores. Ahí, el secretario López lo apuró un poco:
¿Quién te vende la droga?
-Yo no sé nada -dijo Jorgito.
De regreso, en el colectivo rompió el silencio:
¿Sabés lo que nos hace hacer el Comisario Castro?, nos hace robar para él. Después va a buscar las cosas y cuando allanan el lugar queda como parte del procedimiento.
Y no le dijo más. Le regaló a su mamá un chocolate y una gaseosa. A Jorgito le gustaba compartir. También de eso se acuerdan los amigos, desde que trabajaba en el taller andaba dulce. Olga se bajó en San Esteban, Jorgito dijo seguir para Santa Isabel.
Juan Castro fue comisario en La Falda, hasta la sospechosa muerte de Brian Palomeque, de 16 años, en el invierno del 2012. Luego del asesinato de Jorge, Castro fue trasladado y terminó ascendido a Jefe de Inspección de la Unidad 3 de Punilla. Hoy está jubilado.
La mañana del 26 de octubre de 2013 fue confusa para la familia. Un policía se acercó a la casa de San Esteban para avisarles que su hijo estaba detenido en Capilla del Monte por un presunto robo. De ahí, todas las versiones. Mientras unos dicen que entró a las seis y media de la mañana, el comisario declara que fue a las 12 de la noche del día viernes. El abuelo y dos amigos, en cambio, aseguraron haberlo visto la mañana del sábado.
La versión policial para la familia fue que Jorgito había entrado en un estado depresivo y se ahorcó con su propia campera. Según recuerda Olga, los golpes los tenía del lado izquierdo: cejas, piernas, costillas. Se lo entregaron casi desnudo, con la camisa a cuadros desabrochada. La causa quedó radicada en la Fiscalía de Cosquín, en su momento, cargo de la Dra. Alejandra Hillman, con la carátula “Reyna, Jorge s/muerte por etiología dudosa”. Pero el 20 de diciembre de 2019, la actual Fiscal de Instrucción Paula Kelm, la archivó.
Después de la muerte de Jorgito, la comisaría del pueblo se llenó de pibes. Llegaban desde el otro lado de la ruta, eran cientos enfurecidos por la muerte de su amigo, hastiados de tanto maltrato. Se había destapado una olla y lxs jóvenes soltaron la voz. Los robos, la apretada de la policía, la droga, un círculo del que no los dejaban salir. Esa noche del 2013 le gritaron todo al comisario, al fiscal de turno y a los vecinos y vecinas. Después llegó infantería y empezaron a perseguirlos en motos por las calles del pueblo. Se escucharon hasta tarde las balas de las itacas. Siguieron asambleas en la plaza con la policía metida de civil y persiguiendo pibes que anduvieran con una cerveza o un porro en la mano. Desde entonces, Olga ha caminado por tribunales, marchas, estudios jurídicos, escuelas, plazas y radios.
En aquel contexto, se creó una asamblea contra la violencia institucional, desde donde se denunciaron este tipo de hechos, como una de las consecuencias de la ya derogada ley contravencional de Córdoba, conocida como Código de Faltas. Una de las figuras más cuestionadas de ese Código era el “merodeo”, que le otorgaba una facultad discrecional al policía para que determinara quién era el “merodeador”. En el 2016, el Código se reformó y pasó a llamarse Código de Convivencia Ciudadana. Algunos de los cambios fueron: la edad de imputabilidad pasó de 16 a 18 años, es obligatorio tener un abogado defensor, la detención preventiva se limita a ocho horas desde la aprehensión y la figura de “merodeo”, es reemplazada por la de “conducta sospechosa”. Este último reemplazo sigue siendo ambiguo, ya que es la policía quién tiene la potestad para detener y definir qué entraría en esa clasificación. Sin embargo, más allá de los cambios, cada año se suman nuevas víctimas de gatillo fácil. Con casi treinta años de vigencia entre uno y otro código, hay una cultura policial que se ha internalizado en el modus operandi de las fuerzas de seguridad, promoviendo un imaginario criminalizador, como medio de legitimación social para su aplicación.
Según datos de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), entre el 2016 y 2021 hubo un total de 1.634 muertes, de las cuales 436 fueron asesinatos de gatillo fácil y 1.198, entre asesinatos y fallecimiento por distintas razones, corresponden a personas detenidas. El 71% de las muertes ocurrieron entre 2020 y 2021, durante la pandemia.
Joaquín Paredes tenía 15 años cuando en la madrugada del 25 de octubre del 2020, salía de un cumpleaños con sus amigos en la localidad de Paso Viejo, departamento de Cruz del Eje. Tres móviles policiales llegaron, los encerraron, les dispararon 112 balas y los abandonaron. Una de las balas atravesó el cuerpo de Joaquín por la espalda, perdiendo su vida. Otro amigo resultó gravemente herido, con una bala cerca del corazón.
Hoy los familiares y amigos están a la espera del juicio contra los cinco policías que estuvieron esa noche. Ivana Reynoso, es integrante de la comunidad Justicia por Joaquín y cuenta que desde hace dos años vienen denunciando la complicidad judicial: “Hoy nombramos a los jueces Camogli, Escudero y Castro, de la Cámara del Crimen de Villa Dolores, quienes se niegan a dar la celeridad que nos prometieron en diciembre de 2020. Tenemos elevación a juicio desde abril y estamos a la espera de que esta Cámara se digne a trabajar”.
Desde la querella se ha presentado un ultimátum legal para que la Cámara se expida, y como respuesta han dicho que estuvieron muy ocupados con algunos casos, como el juicio por el femicidio de Cecilia Basaldúa, “claramente lo que buscan es plantar una enemistad entre las víctimas”.
La investigación judicial
El día 20 de diciembre de 2019 llegó una cédula judicial del tribunal de Cosquín, firmada por la a Fiscal de Instrucción Kelm y la secretaria Viviana Espina, informando a la familia y al abogado Dr. Claudio Orosz, la disposición de la Fiscalía para que las actuaciones labradas con motivo de la Muerte por Etiología Dudosa (MED) de Jorge Reyna, se archivaran.
Desde el colectivo Familiares y amigxs de Jorge Reyna, denunciaron que durante todos estos años la Fiscalía de Cosquín siempre investigó en función de una única hipótesis: el suicidio. “Los elementos del peritaje oficial que figuran en la causa son más que suficiente acreditación de prueba para imputar a los guardias que ese día detuvieron y custodiaron a Jorgito por vejaciones y torturas, como la responsabilidad del Comisario Juan Castro. También comprendemos que la hipótesis del suicidio, intenta desvincular por parte de la justicia la responsabilidad de la policía y los funcionarios competentes, quienes están directamente implicados por tener detenido a un menor de edad dentro de una comisaría”, manifestaron en un comunicado.
Olga siente que haber perdido esta batalla, es el final de una larga lucha en la justicia que jamás creyó. Para el Poder Judicial, su hijo es un montón de papeles agrupados con desprolijidad, en diez cuerpos de expedientes. La última pericia que completa la causa fue el pedido de una reconstrucción de los hechos y su resultado fue negativo. Según los peritos Jorgito se ahorcó con la manga de su camisa atada en las rejas de una ventana, unos centímetros más baja que él. No hay responsables más que él mismo. No hay imputados: no hay juicio.
Todo resulta ser un conjunto de tecnicismos que recrean el lugar que ya no existe. Una vida que ya no respira. Una Muerte de Etiología Dudosa. MED, como titula la carátula: una muerte por razones que no son certeras. Para Olga un suicidio inducido. Una tortura premeditada. Un cuerpo que guarda sus cicatrices tapadas con tierra.
Hay en el tiempo un desprendimiento, un idioma sumergido en los papeles, una memoria quebrada entre las pericias que desgranan un cadáver. Olga sabe, que a pesar de todo, la lucha sigue.
A los 18, a Jorgito le regalaron un mural
El 18 diciembre de 2013 Jorge Reyna hubiera llegado a la mayoría de edad. Habían pasado dos meses de su muerte y en su cumpleaños se organizó un mural. En la canchita El Tala, ubicada sobre las vías del tren de Capilla del Monte, se había armado la jornada.
Los gurises tienen miedo que la policía los agarre -había dicho el Polako- andan de civil y mismo te empiezan a joder.
Con el Polako se habían hecho amigos trabajando juntos en una obra. Entre tantas cosas, hacían bici cross. Nueve años atrás, le dedicaba poemas a su amigo, estaba inspirado. Muchos todavía no caían. Esa tarde los amigos de lejos observaron el mural que de a poco iba asomando su rostro. Los hermanos y hermanas lo pintaban. La madre lo reconocía.
-Era re piola el Jorgito -atinó Bryan.
Lejos, la policía había armado el vallado que lo encerró. En el pueblo se corría la voz: van a marchar a la comisaría. “Nos mira”, dijo uno y ahí quedó estampado en la pared, de vigilado a centinela. El día le dio paso a la noche, y con su mejor cielo los dejó estrellados entre tanto arrebato. Algunos ya le rezaban y sumaban un santito más entre los populares.
