Por Lucrecia Fernández / Imágen de portada: Instagram de ATE Córdoba

El fiscal cordobés De Aragón ordenó allanar los domicilios de la sede del local de ATE Río Cuarto y el domicilio particular del secretario general Federico Giuliani. Esto sucedió luego de los allanamientos a dos miembros de ATE Río IV ordenado por la justicia federal por expresar repudio al diputado nacional Carlos Gutiérrez por votar a favor de la Ley Bases en el Congreso. En el día de ayer el poder judicial de Córdoba también se mostró al servicio del poder político, ordenando allanar los domicilios de la sede del local de ATE Río Cuarto y el domicilio particular del secretario general Federico Giuliani por el corte organizado en el marco del 25 de mayo con motivo de la visita del presidente Milei a Córdoba. 

El mismo fiscal imputó en 2023 a Giuliani por una causa armada contra movilizaciones producidas por reclamos en el marco de la Marcha contra el Hambre. Ahora, previo a la jornada de lucha del 25 de mayo en Córdoba, amenazó abiertamente al Secretario General de ATE Córdoba, en medios de comunicación, expresando que si sostenían las medidas de fuerza se iban a levantar acciones contra el gremialista.  El fiscal De Aragón parece haber olvidado que manifestarse es un derecho, y en un contexto de deterioro de las condiciones de vida, el derecho a la protesta es fundamental.

Estas medidas judiciales forman parte de los intentos de amedrentamiento y disciplinamiento de las organizaciones sociales, sindicales y políticas mediante la judicialización de reclamos genuinos. Asimismo no solo es peligroso sino que da cuenta de la dependencia del poder judicial con el poder político alineado a Llaryora, y a nivel nacional a Milei. 

“Una persecución política que usa al Poder Judicial como herramienta para justificar el amedrentamiento que el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, pretende imponer contra nuestra organización sindical. Quinteros, un funcionario que ha sabido saltar de entre varios partidos políticos y está denunciado por varios casos de corrupción, sigue la línea de acción de la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, con quien se ha referenciado en varias oportunidades”, denuncian en un comunicado desde ATE. 

A este hecho de clara persecución se le agrega que durante el allanamiento al domicilio de Giuliani, le secuestraron el celular de su hijo de 9 años. Hecho similar sucedió con el allanamiento a Carlos Rang (Vocal del CDP ATE Córdoba) por el intercambio verbal con el diputado riocuartense Carlos Gutiérrez, donde la justicia federal ordenó allanar la casa de la pareja de Rang, que no había tenido participación en el “intercambio verbal”, categoría mencionada como causal de los allanamientos.

El comunicado de ATE también sostiene que “Fuerzas policiales realizaron los allanamientos al mediodía y le retuvieron a Giuliani su teléfono particular, en base a una causa abierta por el fiscal, aparentemente fundamentada en la represión policial sucedida el pasado 25 de mayo en la esquina de avenida Vélez Sarsfield y 27 de abril, cuando efectivos que custodiaban el acto partidario del Presidente Javier Milei, la emprendieron con gases lacrimógenos y disparando balas de goma contra la multitud que se encontraba en el lugar. Giuliani junto a 14 compañeras y compañeros resultaron heridos de diversa magnitud, sin que mediara causa alguna que justifique el accionar represivo.”

Tal como menciona dicho comunicado, parece ser un tiempo en el que  se utiliza al Poder Judicial para amedrentar, aleccionar y reprimir derechos fundamentales tales como la organización sindical y la protesta social.