Por M. Fernanda Espejo, Guadalupe Anahí Scotta y Lucrecia María Fernández

El siguiente artículo intenta aportar a los debates y a las miradas que existen actualmente en torno a lo que algunes mencionan como violencia institucional. En el marco del Primer Congreso Nacional de Violencia Institucional se construyeron estas reflexiones que son reconstruidas a partir de las distintas experiencias de los organismos de Derechos Humanos, organizaciones y movimientos sociales y familiares de víctimas desde una mirada histórica en clave de los 40 años de democracia en Argentina.

Desde los años ‘60 Rodolfo Walsh desde su periodismo de investigación escribía “La secta del gatillo alegre: el enigma de La Matanza”, denunciando una modalidad represiva por parte del Estado: 

“En los tres primeros meses de 1968, la Policía bonaerense mató en un tiroteo a diez delincuentes, o presuntos delincuentes, sufriendo por su parte una sola baja. Este rendimiento de diez a uno es único en el mundo, y aún en el país: en el mismo período la Policía Federal registró un modesto dos a uno: cuatro pistoleros y dos policías abatidos (…).

En dichas publicaciones, Walsh desde sus narrativas denunciaba la vinculación de los hechos construidos por las fuerzas señalando un modus operandi de las fuerzas del Estado que se extendía a lo largo y ancho del país, y que luego se conoció como un método sistemático de exterminio.

Desde una mirada latinoamericanista, entendemos que las dictaduras militares tuvieron como objetivo refundar las bases materiales de la región a través del terrorismo de Estado a través del disciplinamiento de los sectores organizados y además impuso un programa económico – social reconfigurando la estructura social y productiva (Svampa. 2009). Dicha reestructuración comenzó a visibilizarse en los 80’ con el retorno de la vida institucional y los altos índice de pobreza, los cuales se fueron acrecentando en los años 90’ y en la transición a la globalización neoliberal terminaron de configurar la nueva sociedad argentina. De la mano de estos procesos, la criminalización de los movimientos populares, es una arista fundamental para el control social y la acumulación del capital. Para ello, es necesaria la articulación de distintos mecanismos tales como la criminalización de  la pobreza, la judicialización de la protesta social, la represión política abierta y la militarización de los territorios (Korol y Longo, 2009).

En los ’90 la pobreza y el desempleo creció exponencialmente provocando una enorme fractura entre las clases dominantes y los sectores populares, generando nuevas marcas culturales y lógicas opresivas en la construcción de las subjetividades tales como la asociación del racismo con la violencia contra les pobres, que se reproduce en la mirada racista hacia otros sectores.

Asimismo, y paralelamente a este proceso histórico, se visualizan múltiples experiencias de organización por la lucha por los Derechos Humanos que  son claves para reconstruir una genealogía de resistencias desde les oprimides. En pleno contexto de dictadura, las Madres de la Plaza de Mayo, desde una pedagogía del ejemplo y feminista, traspasaron el ámbito doméstico e irrumpieron el espacio público ocupando las calles, plantando ideas fuerzas que hasta el día de hoy, siguen siendo consignas de luchas actuales. En este sentido, identificamos los escraches llevados a cabo por la organización H. I. J. O. S como acción política frente a la impunidad, construyendo una condena social contra los genocidas. Frente a la crisis económica, les trabajadores de las fábricas recuperadas mediante la organización y en base a lógicas cooperativas y solidarias, plantearon la posibilidad del trabajo sin patrones. Los movimientos feministas en su trayectoria fueron denunciando las múltiples opresiones contra los cuerpos y los territorios. El movimiento piquetero, que nace como organización frente a la desocupación y el hambre, irrumpe como un actor político clave para la época, teniendo expresiones a nivel nacional con puebladas como el Santiagazo en diciembre de 1993, Cutral-Có en 1996, General Mosconi en 1997, el Correntinazo en diciembre de 1999 o los cortes de ruta en la zona de Cruz del Eje de la provincia de Córdoba en dónde se conoció a la militante Viviana Avendaño. De esta manera entendemos que el 19 y 20 de diciembre del 2001 puede leerse como uno de los hitos más recientes de revuelta de les excluides, con un saldo en todo el país de 39 muertes a manos de las fuerzas de seguridad del Estado, y para el 2002 la avanzada organizada se expresa una vez más en las calles a la que fue duramente reprimida y resultando asesinados Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, además centenas de herides y detenides (Korol, 2006). 

En este terreno se ubican la multiplicidad de organizaciones y movimientos sociales como hijes de esta historia, de estas luchas y que por consiguiente existe una memoria activa que se entreteje de manera intergeneracional e intersectorial y que permite compartir estrategias de lucha y aprendizajes de resistencias.

Una disputa de sentidos

La red de familiares de asesinades, desaparecides o torturades a manos del Estado en democracia es extensa, y se generaron espacios construidos de manera conjunta con otros sectores en lucha, bajo diversas modalidades. Y allí podemos hacer una genealogía de organizaciones de DDHH, sindicatos, organizaciones de base, sociales y políticas. Dentro de estas redes se dan instancias de aprendizaje, lecturas de coyuntura y se construye conocimientos o caracterizaciones para seguir caminando, es por ello que las voces de familiares no pueden recortarse a testimonios, primera mano o fuentes. Estas traen la marea de una infinidad de experiencias que se fueron enlazando desde la dictadura hasta aquí.

Cuando hablamos de las palabras para nombrar pasa lo mismo, con la elasticidad del lenguaje se apropian, revierten como lo es decir “Gatillo Fácil” término que empezó a tensionarse, pero que en los primeros años de la democracia pudo visibilizar los asesinatos cometidos a manos de agentes del Estado. Desde la ciudad de Córdoba, se generaron y comenzaron a replicarse en el resto del país movilizaciones como la Marcha de la Gorra y la Marcha Contra el Gatillo Fácil.

Es desde algunos de los espacios de familiares y sectores de la militancia donde se sostiene la categoría de “Represión Estatal” problematizando la de “Violencia institucional”, es así que por ejemplo, desde les integrantes de Familiares y Amigues de Luciano Nahuel Arruga sostienen que:

Decimos Represión Estatal cuando el Estado reprime a través de distintos dispositivos y prácticas como las cárceles, el asesinato, la tortura, la desaparición forzada, las detenciones arbitrarias y las causas armadas, con el objetivo de controlar socialmente los barrios y administrar la pobreza. (…)

Desde esta perspectiva política, se hace urgente problematizar el término Violencia Institucional, concepto que abarca un conjunto variado de prácticas estatales en el ámbito hospitalario, educativo, habitacional e identitario, que obstaculizan la posibilidad de acceder a derechos fundamentales; este término no le da valor específico a la problemática de Represión Estatal y le quita capacidad descriptiva a crímenes de Lesa Humanidad tipificados en el Código Penal, como por ejemplo la Desaparición Forzada de Personas.

En este sentido, entendemos que hablar de violencia institucional despolitiza sobre las situaciones graves de violaciones a los derechos humanos, así como también la organización y lucha de quienes intentan visibilizar la problemática represiva a través de diferentes acciones (marchas, actividades artísticas, lúdicas recreativas, escraches, flyers, mensajes en cadena, audios de denuncia, radio abierta)” (Represión Estatal no es Violencia Institucional 2021)

Recuperamos estas líneas, para señalar que esta operación de denuncia, esta bandera de alerta que desde las calles se levanta para hablar de la especificidad y de las continuidades, guarda también la posibilidad de ser una trinchera en tiempos de avance de la reacción conservadora o del avance de estas perspectivas sobre las categorías de seguridad, pobreza, delito y peligrosidad.

Desde los espacios de familiares de víctimas de gatillo fácil, el espacio por Facundo Rivera Alegre, Yamila Cuello, y los espacios colaborativos de las marchas de la gorra y la marcha contra el gatillo fácil se vienen instalado consignas y categorías que señalan la responsabilidad del Estado, y como las violaciones a los derechos trascienden las individualidades. Cabe señalar que les actores especifican y hacen cuerpo su pedido de justicia: desaparición forzada, fusilamiento, gatillo fácil y asesinatos en contexto de encierros. Nombrar, decir, también es una arena de disputas.

Se puede sugerir que en nuestra ciudad categorías como “violencia institucional” se encuentran más ligadas a espacios académicos e institucionales, que a los de familiares y espacios que acompañan, pero muchas veces funcionan como estrategias que se complementan o se emplean ante organismos del estado y que permiten realizar avances, sentar bases y generar espacios y campos de cruces. También, suelen señalarse en el marco de las trayectorias previas en términos de salud, educación, etc.

Por otro lado, si bien desde el marco teórico de la categoria de violencia institucional se trazan las continuidades en la imposición del modelo neoliberal junto a la historicidad de las metodologías de tortura o las genealogias del terror acuñadas en dictadura, y mientras que también se señalan tres componentes: prácticas específicas (asesinato, aislamiento, tortura, etc.), funcionarios públicos (que llevan adelante) y contextos de restricción de autonomía y libertad (situaciones de detención, de internación, de instrucción, etc.), entendemos que la idea de “Represión de Estado” permite activar las memorias y visibilizar que, con el fin de la última dictadura, ciertas estructuras y aparatos armados quedaron bajo prácticas y lógicas que aún le cuesta ceñirse a la democracia, permite a los actores en lucha marcar continuidades y caracterizar el rol del Estado, lo que se suele sintetizar con una frase “los gobiernos pasan la represión queda”

El nudo, y en esto lo señalan otros autores, es como es pensado o caracterizado el Estado, y que, bajo la figura de la represión de Estado, no se plantea como el que garantiza derechos, sino que protege “los intereses de la clase dominante sobre las mayorías oprimidas, deberá ejercer la represión, sea por la forma abierta de la coerción o por la más sutil de la imposición de consenso” (Declaración de principios de CORREPI). Mientras que la idea de Estado cuando pensamos en violencias institucionales busca establecer una agenda de seguridad democrática y políticas públicas.

Las desapariciones forzosas en un Estado democrático

La desaparición forzosa no es una práctica criminal nueva en Argentina, sin embargo como dice Nora Cortiñas “Tenemos una larga lista de desaparecidos en gobiernos constitucionales y seguimos pidiendo la aparición con vida de todos ellos” Entre algunos nombres encontramos a Daniel Solano, trabajador golondrina salteño desaparecido en Rio Negro, Ivan Torres, desaparecido en comodoro Rivadvia, Sergio Avila, estudiante universitario desaparecido en Neuquen en una bailanta custodiada por personal en actividad del Ejercito, Jonathan “Kiki” Lescano, asesinado por policía de CABA, quien fue desaparecido durante dos meses y apareció como NN en Chacarita, Miguel Bru, estudiante de periodismo de 23 años desaparecido tras ser privado de libertad en una comisaría de la Plata. La desaparición de Jorge Julio Lopez testigo querellante de la causa Etchecolatz. Lopez estuvo desaparecido desde octubre de 1976 hasta junio de 1979 durante la última Dictadura Cívico Militar y, por segunda vez, en septiembre de 2006 el día de los alegatos. Otra  historia emblemática es la de Luciano Arruga quien es desaparecido desde el 31 de enero del 2009, hasta el 17 de octubre de 2014, que encontraron su cuerpo enterrado como «NN» en el Cementerio de la Chacarita. Santiago Maldonado, desaparecido en una represión por parte de una fuerza federal en el marco de los conflictos por las tierras de la comunidad Pu Lof de Chubut. 

Es necesario hacer foco en las historias de mujeres que se encuentran desaparecidas con la  intervención de las fuerzas de seguridad en una clara expresión de la articulación entre la violencia machista y patriarcal con la represión estatal, profundizar en prácticas de encubrimiento y vinculaciones que se replican. Bajo la pregunta de ¿Dónde están? 

En la provincia de Córdoba familiares, amigues, organizaciones y la red de los feminismos continúan buscando y visibilizando la desaparición en democracia de Yamila Cuello, Delia Geronimo Polijo, Jimena Natali Arias, Azul Oliva y Anahí Bulnes.

Por otro lado, se identifica el caso de Facundo Rivera Alegre, joven de 19 años desaparecido a la salida del baile de cuarteto del reconocido Damián Córdoba el 19 de febrero de 2012. A 11 años de la desaparición forzada de Facundo Rivera Alegre, con un juicio realizado en el 2015 con irregularidades que fueron denunciadas en su momento  por Viviana Alegre y su abogado, la lucha de la familia y de organizaciones sigue en pié en búsqueda del cuerpo y de las causas por su desaparición.

Cabe aclarar que la tipificación del delito de Desaparición Forzada de Personas como delito individual no se cumplía en Argentina. En mayo del 2011 se incorpora como delito Desaparición Forzada de Personas al Código Penal a través de la Ley 26.679. Esta incorporación se produce tras el fallo de la Corte Interamericana de DD. HH. emitido en 2011 contra el Estado argentino por la desaparición forzada de Ivan Torres. 

De acuerdo a las definiciones del delito planteadas en dichas legislaciones, según Adriana Meyer, la piedra fundamental es la participación directa del Estado ya sea a través de sus uniformados o de bandas que cuenten con apoyo o complicidad de las instituciones estatales para concretar dicho acto.

En este sentido, la desaparición es uno de los métodos que utilizan las fuerzas de seguridad como forma de ocultamiento de un crimen, así como también de adoctrinar y generar terror entre quienes rodean al desaparecide. Se pueden identificar un modus operandi similar en la mayoría de los casos, la misma fuerza estatal sospechada es la que sigue interviniendo en las primeras horas de las investigaciones y encubren de diversas formas con un común denominador: tapan lo sucedido, distorsionan los hechos, ensucian al desaparecide. Otro de los elementos que se repiten es que en los lugares que aparecen los cuerpos y sus pertenencias ya fueron rastrillados. (Meyer, 2021) Los sectores de la policía, la justicia y élites políticas locales aparecen imbricados en el diseño de una red que es cómplice y busca ocultar a los culpables como así también minimizan públicamente lo sucedido (Gayol y Kessler, 2018).

Al día de la fecha no hay registros oficiales de las desapariciones forzadas y aparecen junto a las personas extraviadas. Es decir que el plan federal busca personas “desaparecidas y extraviadas” como si fueran lo mismo. 

La ausencia del cuerpo no solo construye un mensaje nefasto que se esparce en los imaginarios sino que también significa una gran dificultad para ejercer el derecho al duelo. La familia necesita del cuerpo. Asimismo, la ausencia del cuerpo termina siendo un potencial para crear política y una cultura que se construye en clave de denuncia, es en el proceso de lucha por la aparición donde se crean las solidaridades y las distintas acciones colectivas. Son les familiares junto a las amistades, organizaciones sociales quienes se ponen al hombro las investigaciones, aportan datos, se introducen al campo de lo jurídico para alcanzar a esa deseada justicia. Son elles, acompañades de sus abogades les que reciben presiones y amenazas, son perseguides e intimidades. Son sometides a versiones sobre sus querides que son violentas. Aun así, sostienen la lucha y convierten el dolor y la bronca en organización.

Una deuda

A lo largo y ancho del país se repiten de manera sistemática los casos de abuso de poder por parte de las fuerzas del Estado. La irregularidad de los procedimientos y la reconstrucción de los hechos que realizan las fuerzas ya era retratada muy bien por Rodolfo Walsh, “es un hecho que la comisaría de Florida inventó delincuentes a posteriori, y «encontró» un revólver. Parece que la consigna fuera tirar primero y averiguar después. Quizás eso explique el diez a uno” (…). Dependiendo del contexto y las condiciones, los casos pueden tomar estado público y hasta generar conmoción social. A pesar del listado de casos, existe un déficit de datos oficiales sobre el uso de la fuerza policial ya sea con o sin resultado letal. Esta falta de datos, sin dudas es un reflejo de cómo se piensa la política pública orientada a prevenir el uso abusivo de las armas de fuego. La escasa información que se produce desde el Estado, son de difícil acceso. Por ello, los organismos de DD. HH, organizaciones sociales son quienes fueron creando sistemas de registro produciendo y construyendo documentación pública. Dichos productos son construidos en base a diferentes fuentes de información, con metodologías validas y con aportes de investigaciones militantes, constituyéndose en los únicos instrumentos de control y de  denuncia al Estado frente a las violaciones ejercidas por sus fuerzas. La escases de información también se replican para las muertes y hechos de violencia en contextos de encierro.

En relación a los registros realizados, en lo que respecta a desapariciones forzadas existen 218 personas desaparecidas desde diciembre de 1983 y de acuerdo al último informe realizado por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), desde 1983 al año 2022, 8.701 personas fueron asesinadas por el aparato represivo, en sus distintas modalidades y por sus distintas fuerzas. En base a dicho informe, cabe destacar, que durante los años 2020 y 2021, existió un salto considerable a partir de identificar muertes en espacios de encierro como consecuencia del crecimiento del índice de privación de libertad y la incidencia de la pandemia mundial, como dos causas principales que se pueden vincular al aumento de los índices de violencia y muertes intramuros.

Desde el pié se tejen las resistencias

Solo por mencionar, para la memoria colectiva, la muerte de Omar Carrasco provocó un cambio social y político como la derogación del Servicio Militar Obligatorio a partir de la lucha de las organizaciones. Las exigencias de justicia por parte de les familiares de las víctimas asesinadas por el Estado y de las distintas organizaciones sociales contribuyen a los cambios en la cultura política. Las solidaridades tejidas entre familiares, las estrategias en la lucha permiten pensar en marcas y en el éxito de la acción colectiva más allá de los cambios. (Gayol y Kessler, 2018)

Es necesario conocer, escuchar y aprender de los procesos organizativos del sector que viene denunciando hace años las violaciones a los derechos humanos por parte del Estado y sus instituciones. Este sector que se conforma por una multiplicidad de trayectorias que han podido capitalizar sus historias para crear organización. Entre elles, se encuentran las madres, las hermanas, las abuelas en su mayoría que inician sus procesos desde el lugar de la afectación, de víctimas y que luego comienzan un proceso de politización junto a otres, pudiendo colectivizar la lucha y así pensar junto a otres, otros escenarios posibles. Desde una pedagogía de les oprimides y de la resistencia se reencuentran en la lucha performando otras nociones de justicia con arraigo en lo territorial, creando relaciones que instauran nuevas formas de hacer política.

BIBLIOGRAFÍA
Ceceña, A. (2006) Los desafíos de las emancipaciones en un contexto militarizado. Ed.CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Buenos Aires
 http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/collect/clacso/index/assoc/D2818.dir/cecena42.pd f
Gayol, S. y Kessler, G (2018) Muertes que importan: Una mirada sociohistórica sobre los casos que marcaron la Argentina reciente. 1° edición Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Siglo XXI Editores Argentina. 
Korol, C. y Longo, R. (2009) “Criminalización de los movimientos sociales de la Argentina. Informe general”. En Korol, C. (Coord.) Criminalización de la pobreza y la protesta social. El Colectivo y América Libre, Buenos Aires
Meyer, Adriana (2022) Desaparecer en Democracia. Cuatro décadas de desapariciones forzadas en Argentina. Ed. Marea Buenos Aires. 
Romero, C y Bianchi, N (2021) Represión Estatal no es Violencia Institucional en las XIV Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires. https://cdsa.aacademica.org/000-074/266.pdf
Perelman M. y Manuel T. (2017) Informe Violencia institucional. Tensiones actuales de una categoría política central. Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). https://www.cels.org.ar/web/wp-content/uploads/2016/11/Violencia-institucional_Perelman_Tufro.pdf
Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (2022) Informe: A 40 años de democracia, es urgente una agenda contra la represión. Archivo 2022. 
http://www.correpi.org/2023/archivo-2022-a-40-anos-de-democracia-es-urgente-una-agenda-contra-la-represion/

Fotos: María Fernanda Espejo