Por Martina Korol y Juan Pablo Guadagnoli para ANRed

En Argentina varios juicios y audiencias por casos de chicos asesinados en manos de la policía se están iniciando simultáneamente en Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Chaco y otras ciudades del país. Por un lado, un sector que lucha por justicia, del otro lado amenazas y agresiones hacia las víctimas. Una grieta que se abre en los barrios.

El crimen de Leandro Bravo (37) en manos de la policía, sacudió a la población de Charata, Chaco, por tratarse de un caso emblemático.

Son 11 policías los responsables en el hecho. Tortura seguida de muerte fue la carátula que surgió de las pericias de la médica forense Virginia Creimer, de las indicaciones del Comité de Prevención contra la Tortura, y de la demanda de la familia de Leo, acompañada por el equipo de educación popular Pañuelos en Rebeldía, la organización que acompaña políticamente el caso.

La reautopsia realizada por la doctora Creimer, dejó ver que la muerte de Leandro (Leo) se dio por asfixia. Lo mismo dejaron ver las cámaras de seguridad que las vecinas y vecinos entregaron a la familia.

En estos días nos enteramos de la resolución de la Jueza de Garantías de Charata, Maria Julieta Liva, sobre la pertinencia de la reautposia realizada por la titular del Instituto Médico Forense del Poder Juidicial de Chaco, Gabriel Lamparelli y la perita de parte querellante (Creimer), en el marco de la investigación por el asesinato.

Los abogados de la defensa de los policías imputados por el delito de «Tortura seguida de muerte» que cumplen prisión preventiva, plantearon la nulidad de la reautopsia, por discrepancias con el informe, aduciendo que se habían introducido datos falsos. El pedido fue rechazado por la Jueza, validando las conclusiones a las que llegaron las profesionales.

Como seguidoras y seguidores del caso, somos testigos sistemáticos de la estrategia que plantean los abogados defensores de los policías asesinos: desacreditar la amplia trayectoria de las peritas, amedrentar con amenazas a la doctora Creimer, agredir y hostigar a la familia de Leandro, ensuciar y entorpecer la investigación que tiende a que se conozca la verdad de los hechos y que además le pone un freno -aunque sea por una vez- a la impunidad de la que históricamente gozan los efectivos de las fuerzas de seguridad. Lo que marcaría un antes y un después en nuestras luchas contra los crímenes en manos de las fuerzas represivas.

Cabe mencionar, para que se conozca el peligro que involucra este proceso judicial, que por el notorio accionar de los policías, en varias ocasiones se rechazó el pedido de levantamiento de las preventivas a los mismos por las reiteradas amenazas y hostigamiento a familiares de Bravo y testigos. Las amenazas llegaron también por medio de las familias de los policías.

En varias ocasiones observamos como a pesar de demostrarse el crimen en manos de policías, un sector de la sociedad quiere plantear que son hechos aislados.

Como organizaciones sociales y de derechos humanos venimos atravesando varios procesos similares, de acompañamiento a familias víctimas de la violencia institucional.

En el último mes y medio, asistimos al inicio del juicio por el asesinato de Carlos «Bocacha» Orellano, en el que se encuentran acusados dos efectivos policiales y dos de seguridad privada, del boliche al que Carlitos fue a bailar, pero nunca volvió.

Al mismo tiempo, Ramón Casco junto a su familia y organizaciones que acompañan el caso, siguen expectantes los alegatos en el juicio por «Desaparición Forzada seguida de muerte» de Franco Casco.

Estos dos juicios se están llevando adelante en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Ambos casos requieren de máxima difusión y los juicios, de un seguimiento social y político aún más comprometido por parte de las organizaciones populares y de derechos humanos.

Los casos de crímenes hacia pibes en manos de la policía son cientos en este país. Interpelan a una nación que lleva la bandera del “nunca más» instalada en la conciencia social de una parte masiva del pueblo que sale a las calles a denunciar cada intento de borrar la lucha por memoria, verdad y justicia que comenzó en la última dictadura militar. Lejos está la realidad de la esperanza que despierta ver las imágenes de la Plaza de Mayo en Capital Federal cada 24 de Marzo, en lo que fueron las movilizaciones por Santiago Maldonado o Julio Lopez, en los escraches a los genocidas organizados por la H.I.J.O.S.

Aun con el maquillaje de la democracia, son cientos y miles de asesinatos a pibes por manos de la fuerza de seguridad. Sin embargo, en un contexto en el cual el tema de «la memoria» contra el golpe de estado, se encuentra instalado mediáticamente por distintas producciones de cine, televisión y plataformas digitales, aun así, otro sector de la sociedad fomenta un profundo odio fascista y racista hacia los pibes de nuestros territorios, por lo cual, en la mayoría de los casos, no siempre el acompañamiento es contundente y masivo. Así al mismo tiempo se naturalizan estos crímenes.

El lunes 8/05 comenzó en la ciudad de Mar del Plata el Juicio por Jurados por el asesinato de Brandon Romero, en el que un efectivo de la policía bonaerense, Pedro Arcángel Bogado, está sentado en el banquillo. El viernes 12 de Mayo, Romina, mamá de Brandon, junto a su familia y madres de otros pibes asesinados por las balas represivas del Estado, recibieron la sentencia que declara “inocente” al policía responsable. Las organizaciones y familiares  protestaron indignadas frente a tribunales. La bronca es profunda y vuelve a mostrar una vez más el carácter clasista de la mal llamada “justicia”.

También, y por la misma modalidad de juicio por jurados, comenzó lo que se conoció como «La masacre de Monte», donde en Mayo del 2019 un patrullero persiguió a un auto con pibes menores de edad, que sólo salían a divertirse. Dentro del patrullero iban 4 policías que les dispararon a los adolescentes, y además de herirlos en la persecución quisieron luego del choque del auto, rematarlos. 

El 30 de Mayo comenzará el juicio contra cinco policías que en la madrugada del 25 de Octubre del 2020 en Paso Viejo, departamento de Cruz del Eje, provincia de Córdoba, le dispararon 112 balazos a un grupo de jóvenes que se encontraban sentados en una plaza. Joaquin Paredes, de tan sólo 15 años fue asesinado por la espalda cuando huía de la balacera.

Es evidente que la frase «No es un policía, es toda la institución» no se trata simplemente de una consigna poco objetiva y generalizada. Los crímenes y masacres por parte de la policía son prácticas habituales que se caracterizan por la represión y criminalización a lxs pibxs en barrios populares, el aleccionamiento a las familias, el desgaste a las organizaciones sociales que no dan abasto para acompañar los miles de casos y el miedo en las calles sembrado por quienes ejercen el control social en los sectores más vulnerables de la sociedad.

El sol quemaba las calles de Charata en el verano de este año. El calor era insoportable. Estar en las calles era un sacrificio. En ese pueblo pequeño, a la hora de la siesta, un grupo de madres, hermanas, niños, niñas y adultos, junto a muchos compañeros gritaban para despertar algo en la conciencia social: «vecino, vecina, no sea indiferente, nos matan a los pibes en la cara de la gente», como un ruego que quiere estallar en los oídos de todas las personas:  «escucha, únete a la lucha».

¿Cuántos serán los policías en total que estén sentados en el banquillo de los acusados? ¿Cuántos irán presos? ¿Qué otros crímenes la justicia buscará dejar impunes?

La pelea por memoria, verdad y justicia no será abandonada por quienes aprietan su corazón por cada pibe asesinado.