*Por Guadalupe Scotta

Familiares y amigxs de detenidxs, víctimas de tortura y muerte, Organizaciones anticarcelarias y autoconvocadxs solicitaron ante el Juez de instrucciones, Cristóbal Laje Ross, que se garantice la vida en las cárceles. Ese fue el primer punto, un pedido de vida ante el avance de la maquinaria de muerte. Desde los espacios de militancia llevan registradas 5 muertes solo en el mes de abril y suman 8 desde enero en la provincia de Córdoba.

En la mañana del jueves 11 de mayo concentraron en Tribunales II e instaron a los Jueces de Ejecución a que verifiquen las criticas condiciones de salud, educación, trabajo y edilicias (Ingresa a la carta y listado de puntos presentada). 

Nota-dirigida-al-Poder-Judicial-de-la-ProvinciaDescarga

Adriana Revol, militante anticarcelaria señala que con esta acción buscan visibilizar la situación que viven lxs presxs: “Parece que ellos (refiriéndose a los jueces) desconocen, porque si no, no podrían mandar a personas a vivir en esa situación donde no se cumple ninguna ley, donde es digamos son centros clandestinos de detención legales, porque ellos los avalan legalmente, pero adentro, todo, digamos, todas las leyes se violan”

Entre el año 2018 al 2022 desde el movimiento anticarcelario vienen registrando las instancias de muertes y desde ese archivo pueden trazar que la mayoría ocurrió en personas con prisión preventiva, se trata de un total de 70 casos.  En el informe del Comité Nacional para la prevención de la tortura de la FCS- UNC informan que en las últimas cifras oficiales del 2021 se habla de que de un total de 10409 personas privadas de la libertad en la provincia el 59 % (6137) estaban procesadas y el 41 % (4272) tenían condena firme. Es decir más de la mitad se encuentra en la cárcel sin condena. Entienden que el hacinamiento deriva del al abuso de la prisión preventiva y las trabas sistemáticas en el acceso a liberaciones anticipadas.

Adriana explica que las cárceles se encuentran repletas de personas procesadas y empobrecidas. Y que la falta o negación de asistencia médica es una de las causas que se repiten en las muertes tras los muros. Señala que no se cuenta con personal, herramientas y medicamentos (con excepción de los psicofármacos administrados como mecanismos de disciplinamiento y control, solo basta recordar que 11 de los 15 medicamentos más comprados por el Servicio Penitenciario pertenecen a esta categoría)  

Además, denuncia que las “camas de sujeción” ahora se aplica con “Firma, digamos, la receta de cuántas horas o cuántos días necesita una persona para y lo hacen como si fuera una cuestión de salud. Eso no, eso es todo lo contrario, eso es pura tortura y queremos abolirla”

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Ni unx Menos en la Cárcel

La última muerte que se tiene conocimiento en la cárcel Bouwer es la de Eva Gabriela Molina de 49 años. El viernes 21 de  abril, Gabriela solicitó ser atendida en enfermería, tenía vómitos, incontinencia y mareos fuertes. Le diagnosticaron un ataque al hígado y le dieron pastillas buscapina. El sábado 22, sus compañeras la encuentran inconsciente en su celda. Piden que con urgencia la lleven a un hospital. No reciben respuesta. A Gabriela no la trasladan. Lxs presxs comienzan una protesta, y junto a la intervención de militantes del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura logran que finalmente la trasladen al hospital Misericordia. Allí el diagnóstico es de derrame cerebral por aneurisma. Gabriela muere el domingo 30 de abril.

En abril y en el marco de estos espacios de muerte también perdieron la vida  Alejandro Baigorria y Celeste Rodríguez en la Cárcel de Bouwer. Mientras que en  Cruz del Eje fue asesinado  a golpes Bruno Nazareno Llanos de 33 años. (Información publicada por el Frente Antirrepresivo en Lucha)

En la acción en tribunales la familia de Ezequiel Guillermo Castro reclama por las vidas y señala las violaciones y crueldades de las fuerzas policiales y el aparato carcelario. Piden justicia por su hijo de 21 años asesinado luego de ser detenido y torturado. A Ezequiel se le negó hasta el agua.  Su familia se mueve, no descansa en el duelo contra la impunidad de la política para la muerte.

Desde el equipo de investigación de Núcleo de Antropología de la Violencia, Muerte y Política del Museo de Antropología trabajan de manera articulada con familiares y organizaciones sociales. Desde los tiempos de Covid, recrudecieron las condiciones de aislamiento en el aislamiento, trabajan en la construcción de datos de manera conjunta, no solo se trata de números, sino de cómo y qué muertes nombramos.

Apuntan que por años la militancia anticarcelaria construye y sostiene un archivo de casos. Y la imagen que empuja a ese relato es la de la recopilación por goteo, una red que se teje, cuadernos, información que se va filtrando, tarjetas de teléfono y la paciencia. Desde el equipo de investigación señalan que no se cuenta con estadísticas oficiales, es decir números que permitan dimensionar las violencias sistemáticas, pero además de buscar construir el dato en números, se preguntan por las clasificaciones que los atraviesan y como impactan. En esta dirección, se puede ejemplificar con la categoría de “sucicidios/ suicidadxs”  que es una de las que más se reproduce desde el Estado y desde la que silencian las violaciones a derechos humanos y  las muertes bajo tortura. Recordamos a Vanesa Castaño y su asesinato encubierto baja la figura del suicidio

Entre otros puntos señalan que la provincia Córdoba no se cuenta con un Comité Nacional a Prevención de la Tortura, el que permitiría generar instancias de monitoreo de los derechos de las personas privadas de libertad

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A quienes se reunieron con los magistrados y entregaron el documento sobre la situación en cárceles, desde los laberintos de la justicia les señalaron “que se trataba de una pérdida de tiempo” y que a estos reclamos correspondía presentarlos al Ejecutivo. Ante los relatos sobre las alarmantes situaciones del encierro » nos dijeron que las personas ganaban bien adentro, el salario mínimo, vital y móvil, también cuestionaron que las personas no salgan al patio diciendo que salen todos los días, nos mintieron en todo momento» A la reunión no se permitió el ingreso de la prensa, uno de los Jueces se retiró y negaron las condiciones existentes en el encierro, los representantes de las organizaciones señalaron que fueron maltratadxs.

Ya nadie puede, ni busca sostener los horizontes de  los “RE” de la cárcel: Reinserción y resocialización es la lengua de la justicia qué ya está seca. Conocemos el castigo y violencias que se aplican sistemáticamente, y es en alguna medida por lo que las muertes no son noticiables, forman parte del de las políticas para la muerte. Se cruzan clase, radicalización y género. Hay canciones, que todxs conocemos también y que sintetizan el pasaje de la cárcel del hoy “Si esta cárcel sigue así, todo preso es político (…) reos de la propiedad”

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Compartimos parte del registro de casos de muerte recopilado por el movimiento anticarcelario de Córdoba desde el mes de enero del año 2023:

Enero 5 –  Fidel Quevedo, 67 años. Alojado en el módulo 1 de la cárcel de Cruz del Eje. Muerte dudosa.

Enero 7 – Ariel Aballay, 48 años. Cárcel de Villa María. Muere de un ataque cardíaco. Estaba en   condiciones de gozar su libertad condicional, pero el Juez le ordenó sesiones de terapia.

 Febrero 21 – Nicolás Alexis Barrera, 25 años. Módulo MX2 de Bouwer. Falta de  atención médica, murió de una peritonitis.

Abril 2 – Nicolás Alejandro Baigorria, 28 años, alojado en el módulo MX1 de Bouwer. Recibió un puntazo.

Abril 2 – Celeste Rodriguez, 30 años, detenida en Bouwer en un espacio de aislamiento. Falta de asistencia psicológica.

Abril 4 – Bruno Nazareno Llanos, 33 años, alojado en un box de aislamiento en la cárcel de Cruz del Eje. Golpeado hasta morir.

-Abril 24 – Alejandro Maza, 50 años, alojado en un pabellón de máxima seguridad de la cárcel de Cruz del Eje. Su muerte se registra como suicido.

– Abril 30 – Gabriela Molina, 49 años, detenida en el pabellón B2 de Bouwer. Tuvo un derrame cerebral, estaba con vómitos, incontinencia, inestabilidad. La diagnosticaron con un ataque de hígado, para  que la lleven al hospital intervino CNPT.

Fotos: Guadalupe Scotta