Por Red Eco Alternativo www.redeco.com.ar

Este miércoles 22 de marzo se dio inicio a los alegatos en el juicio por el caso de espionaje de Américo Balbuena a organizaciones sociales. Tanto la Querella como la Fiscalía subrayaron que los jefes de Balbuena no podían desconocer la actividad que éste realizaba y que el trabajo periodístico que hacía el agente era incompatible con la actividad policial. 

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Imagen: Enfoque Rojo

Durante la apertura de la sesión el juez Daniel Rafecas sorprendió pidiendo disculpas porque no se guardó la grabación anterior del ex jefe de Balbuena, Alejandro Sánchez. Ante esta situación, se decidió solicitar a Sánchez que aclare los puntos que creía necesarios para el avance de la causa.

Sánchez, fiel a su estilo irónico, señaló que el Estado no solo debe permitir las reuniones públicas, sino también garantizarlas. En su opinión, esto implica la necesidad de tener personal policial de civil en las reuniones para resguardar la seguridad de los ciudadanos, ya que “hay que garantizar la prevención a la represión”.

La abogada Liliana Mazea, que representa a la Querella, explicó cómo los acusados intentaron evadir la acción de espionaje mediante la suplantación de ésta por una acción legal y solidaria.

Según la abogada, la primera de estas tácticas consistió en presentar a Balbuena como una persona poco inteligente. En su declaración, Alejandro Sánchez afirmó que Balbuena no era un James Bond y que no tenía gente a cargo. Sin embargo, Mazea sostuvo que Balbuena tenía excelentes evaluaciones por parte de sus superiores. Según las evaluaciones a las que la Querella accedió, se lo describía como alguien con espíritu de sacrificio, eficaz en las tareas de inteligencia y miembro extremadamente útil para su trabajo.

La segunda táctica utilizada por la Defensa para desacreditar la acusación consistió en presentar a la Policía como una fuerza distinta a la que había en la Guerra Fría. La Defensa intentó argumentar que la Policía actual no tiene la misma función que en la de esa época y que, por lo tanto, no se pueden aplicar los mismos criterios para juzgar las acciones de los agentes de inteligencia.

La tercera táctica fue presentar al año 2001 como un período conflictivo y caótico, y a los acusados como gestores de las luchas y de las organizaciones populares.

Por su parte, Matías Aufieri, otro abogado de la Querella, se refirió al contradictorio desarrollo histórico del caso de espionaje de Américo Balbuena que tardó 10 años en llegar a juicio. Aufieri destacó las actitudes disímiles de los funcionarios que tuvieron conocimiento sobre el caso. Mientras algunos como Jorge Capitanich, ex jefe de Gabinete, admitió las funciones de este cuerpo y que lo iban a disolver con premura; otros, como Aníbal Fernández, ridiculizaron la denuncia y dijeron que eso era propio del siglo XVI. Para la Querella, la misión de espionaje es una práctica bien contemporánea.

Además, Aufieri fundamentó su entendimiento de que el propósito de la “División de Análisis” era intervenir en el conflicto social. El testimonio de Marcelo Sain dejó en claro que el objetivo de esa división era el espionaje político. 

El abogado querellante también hizo referencia a que el comisario Ustares, uno de los imputados, se mostró preocupado por la falta de personal y solicitó refuerzos para poder cubrir todas las manifestaciones. La Querella sostuvo que toda esa información la tenía Américo Balbuena al acceder a decenas de organizaciones sociales, políticas, sindicales, de derechos humanos, estudiantiles y más. Con un solo agente y valiéndose de la confianza de ser integrante de la Agencia Rodolfo Walsh, Balbuena había logrado acumular gran cantidad de información, que de otra manera, hubiese necesitado, al menos, un agente por organización.

Señaló, además, que no podían desconocer lo que hacía Balbuena y que es sobreabundante la información. Por ejemplo, Ustares declaró que era obligatorio declarar el trabajo externo a la actividad policial y que Balbuena había declarado su tarea de periodista freelance. Es más, agregó el abogado de la Querella, le pagaban un plus por su título periodístico, marcando una importancia asignada a tal tarea.

Resulta inverosímil para la Querella sostener la posibilidad de la existencia de dos Balbuenas: uno que trabajaba en la Agencia Rodolfo Walsh y otro que lo hacía en la División de Análisis de la policía. Como si fueran dos vidas escindidas, separadas, donde nadie sabía nada, ironizó Aufieri.

A su vez, la Querella remarcó que los informes que elaboraba Balbuena tenían un alto nivel de detalle: quiénes se movilizaban, a dónde, qué reclamaban, quiénes iban al frente de la marcha, si salieron satisfechos de la actividad y si había nueva fecha de concentración. 

Liliana Mazea fue quien expresó el pedido de condena de la Querella: declarar a los tres imputados coautores del delito de abuso de autoridad con el máximo de condena que prevé la ley por tres agravantes: sostenimiento en el tiempo (fueron 10 años), violación de derechos humanos y porque se valieron del aparato estatal.

Finalmente, volvió a tomar la palabra el abogado Aufieri quien señaló que este juicio es una conquista porque se pudo identificar a los autores del espionaje y porque están imputados dos comisarios jefes de Balbuena, lo que también demuestra la responsabilidad como cuerpo orgánico.

Por su parte, el fiscal Ariel Quety señaló la doble afectación que se desprende de los hechos: afectación a la administración pública y a los derechos y garantías de los ciudadanos, porque además fueron sistemáticos y sostenidos en el tiempo.

Además, subrayó que la tarea de corresponsalía que Balbuena realizaba en la Agencia Walsh era incompatible con su trabajo en la policía y que una de las calificaciones dadas al espía fue que era un elemento altamente útil para la división.

La Fiscalía señaló que la falta de prueba documental se debe a que muchos archivos fueron borrados y que esta eliminación de archivos coincide con la fecha en que el caso es descubierto. 

Para Quety los tres imputados son penalmente responsables con los agravantes del tiempo en que los hechos ocurrieron, que fueron sistemáticos y por la afectación a la administración pública y a una cantidad de.personas que se las colocó en una situación de vulnerabilidad por tanto tiempo.

La Fiscalía pidió dos años de prisión, con inhabilitación por el doble de tiempo.

Seguidamente, la Defensa pidió pasar a un cuarto intermedio para estudiar las acusaciones.

El juez Daniel Rafecas resolvió pasar a cuarto intermedio hasta el 28 de marzo a las 9 hs cuando se escuchará el alegato de las Defensas y, tras un receso, se dará a conocer el veredicto.

Finalmente, el viernes 31 de marzo a las 14 hs se hará la audiencia de lectura de las sentencias.

Imagen de portada: Bernardino Avila