*Por Guadalupe Scotta

Organizaciones sociales, políticas y antirepresivas,  junto a familiares de víctimas contra el Gatillo Fácil, convocan a concentrar el próximo lunes en Fructuoso Rivera 720 (Tribunales II, Córdoba) a partir de las 9:00 horas.

El asesinato de Isaías Luna a manos de las fuerzas del Estado llega a juicio. El próximo lunes 6 de febrero comienza el proceso en el que participarán jurados populares y se encuentran imputados siete policías de Córdoba: el oficial Adavid como responsable de la ejecución y los demás imputados por encubrimiento y falso testimonio.

Este es uno de los pocos casos que llega a esta instancia, ya que cuando las víctimas se encuentran “delinquiendo/robando” o pueden ser estereotipadas como “sospechosxs/delincuentes”, su sentencia de muerte se naturaliza y los “antecedes penales” se emplean como justificaciones para las balas.

Respiramos en aires de aniquilación del “otrx peligrosx”. Quien gatilla se asienta en un entramado social y la respuesta judicial lo refleja, sostiene y amplía junto a la costumbre de cerrar causas, apelar a “legítima defensa”, sobreseer y que las “cosas”, como una máquina bordeadora, una campera o un celular, tengan peso de vida. Qué vidas valen y cuánto. Unas buenas víctimas y del otro lado las malas.

Escribimos lo que ya sabemos, como que cada 20 horas una persona es asesinada por las fuerzas represivas del Estado. Esos datos son de CORREPI, ya que estadísticas oficiales no se encuentran. El Estado no se investiga a sí mismo. 

De un beso de buenos días a que se vea la luna hay muertes evitables en cárceles, comisarías y controles policiales. No se dispara contra todxs, eso también ya lo conocemos. La criminalización de la pobreza. La clase y la raza. La racialización de los cuerpos. La crisis, y lxs que pagan la deuda.

Lxs familiares de víctimas de gatillo fácil llevan años caminando y resumen el clima social en un “Nosotras somos las madres de esos que algo estaban haciendo “. Así nos recuerdan a la marea de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo pidiendo justicia, en rondas por hijxs que atraviesan la postdictadura.

Con la elevación a juicio, familiares y organizaciones antirepresivas de Córdoba esperan sentar un precedente respecto a las operaciones policiales y la puesta en marcha de escenas de enfrentamiento. Nos queda preguntarnos por  la cárcel, ese hueco de castigo y tortura al que seguimos lamiendo.

La Abogada y militante de DDHH Victoria Siloff es quien está al frente por la familia.  Mientras la institución policial  dispara y  la judicial se limpia con sentencias, la militancia tiene sus redes y abrazos, y para Victoria este es “un momento importante para ver justamente el valor que se le da a la víctima y a quien asesina. Acá siempre tratan de culpabilizar a la víctima porque estaba robando y se está jugando la vida, y no se pone el foco en el victimario (…) miremos a quien dispara y por qué dispara ¿cómo lo hace? ¿Quién es? Hay un agravante por ser uniformados. Es un homicidio calificado por abuso en el ejercicio de sus funciones”.

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Durante el año 2020 en  la prensa cordobesa se repitió el término Gatillo Fácil, crimen y policías. También se dijo que los uniformados  “plantaron un arma”.  Morir a manos de las fuerzas del estado cordobés llevó los nombres de Franco Sosa, Gastón Miraba, José Antonio Avila, Blas Correas y Joaquín Paredes. En diciembre, fue asesinado Isaías.

Las palabras, los titulares, pueden leerse como pequeños pasos de quienes vienen luchando contra el gatillo fácil. Hasta hace años estas palabras ni asomaban en la prensa hegemónica, no se decía gatillo fácil. Esta incorporación puede responder a otros factores, como el de quiénes son las vidas que importan. Hay algunas para las que la política de la muerte no estaba diseñada.

El viernes 18 de diciembre de 2020,  la prensa de Córdoba informaba que un “delincuente/ ladrón” resultó muerto en un robo en  barrio urca. La voz del interior tituló: Violento robo en Urca: un ladrón fue abatido por la Policía y el subjefe de la Policía, Ariel Darío Lecler, declaraba que la bala era policial pero que “Los primeros detalles que tenemos es que era inminente la situación de peligro para el personal policial y la familia y no hubo otra opción que la fuerza letal. En esos detalles estamos trabajando” Mientras que Liliana Zárate de Belletti, la jefa de la Policía cordobesa, afirmaba que “ A prima facie podemos decir que tenían antecedentes”.

Desde que Isaías es acribillado,  su familia denuncia en las calles y  la prensa lo replica: “Urca: El padre del ladrón muerto asegura que fue un caso de gatillo fácil”.  La familia explica que el joven estaba desarmado y de espaldas, y que el arma calibre 38 aparece en su mano derecha. Isaías era zurdo, tenía un hijo y 21 años. Era albañil y la estaba pasando mal económicamente. La bala policial le pegó cerca de la nuca.

Victoria Siloff apunta a que judicialmente se pueda dar cuenta de “una generalidad en la estrategia defensiva  que es la figura de la “legitima defensa“ y espero demostrar con la prueba que existe que Isaías fue asesinado bajo la calificación de un homicidio en abuso del ejercicio de sus funciones, donde la víctima está absolutamente desarmada. El abuso es claro, es prácticamente evidente”. La abogada detalla que el oficial Adavid es el primero que  llega al domicilio tras el comunicado del 101 de un robo en curso, y que él pudo escuchar por radio que estaba llegando otro uniformado,  pero decidió no esperarlo. La casa tenía las luces prendidas. Cuando le disparan en la nuca,  Isaías se encontraba de espaldas, desarmado y con las rodillas flexionadas.

Durante el juicio imagina  que la estrategia de la defensa va “a plantear que Isaías estaba armado o  que le pareció que estaba armado, y  así jugar con que estaba nervioso para llegar a un “exceso a la legítima de defensa”. Porque el tema de la “legítima defensa” es que cubre un error, por ejemplo, cuando se mide el riesgo hay un error. Me pregunto hasta donde les permitimos errores a las  personas que portan un arma y una placa. Y  esa pregunta se le tiene que hacer el Poder Judicial y me parece que nos la tenemos que hacer todos, y hasta ahora se ha permitido que ese error sea amplísimo y que las consecuencias sean sumamente graves, y no pase nada”.

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En la memoria reciente de casos de fusilamiento por parte de las fuerzas del Estado que llegaron a tener un juicio en la provincia de Córdoba, está el crimen de Lucas Rudzicz. Esa instancia no hubiese tenido lugar sin la lucha de su familia, organizaciones y del abogado y militante Gran Vasco.

Lucas tenía 13 años y fue asesinado de un balazo en la nuca mientras corría. En la nuca, de espaldas. Junto a David Luna, le habían robado una máquina para cortar el pasto y un teléfono celular al cura Oberlin. La custodia del cura, el sargento Martín Murúa, fue quien efectuó el disparo.

Las sociedades definen qué es un “delito” en su época y en ese proceso  se ven las prioridades. “La justicia” le dio  una  sentencia de cinco años encierro, rejas y castigo. Cárcel para  quien estaba junto a Lucas con una bordeadora de pasto, mientras que el custodio del cura recibió dos años de prisión sin cumplimiento efectivo, excarcelables,  y cinco de inhabilitación de armas.

Con respecto al crimen de Isaías, desde el F.A.L (Frente Antirepresivo en Lucha) señalan que “se llegó al juicio por acción de familiares y amigxs de Isaías, que vienen militando el caso y exigiendo justicia desde el primer momento. Por este motivo es fundamental acompañar y estar en las calles. Porque el caso de Isaías es la clara demostración de un accionar sistemático. A Isaías le dispararon por la espalda y desarmado, no llamaron a emergencias, le plantaron un arma en la mano derecha siendo que Isaías era zurdo, y la jefa de policía Liliana Zárate Belletti y el entonces ministro de seguridad Alfonso Mosquera salieron a felicitar de inmediato el accionar de Adavid”.

A la imagen de Isaías la levantaron por estos años familiares  y amigos en las marchas contra el gatillo fácil. Él mira a cámara y sonríe.