Por Alexis Oliva(*)

A cinco años de la desaparición de Santiago Maldonado, la Justicia institucional adeuda una investigación que arroje luz sobre la muerte del joven militante en un contexto de represión estatal a una protesta. Mientras tanto, el caso es paradigma nacional de la falta de independencia judicial y la manipulación mediática.

Santiago Maldonado desapareció el 1° de agosto de 2017 en el contexto de la represión desplegada por la Gendarmería nacional contra una manifestación de la comunidad mapuche del Pu Lof (en mapudungun, comunidades o totalidad de familias) de Cushamen, Chubut, en la ruta 40. Su cuerpo sin vida fue encontrado 77 días después, en un recodo del río Chubut que ya había sido rastrillado tres veces durante su búsqueda, río arriba de donde los testigos lo vieron arrojarse al agua en la huida provocada por los gendarmes.

Santiago Maldonado tenía 28 años, había estudiado artes plásticas, era un viajero incansable que se ganaba la vida como artesano y tatuador. Como parte de su militancia anarquista y anti-capitalista, había abrazado la defensa del medio ambiente y los pueblos originarios. Años atrás, había recorrido Chile, donde también participó de una protesta de los trabajadores pesqueros de la salmonera en la isla de Chiloé, una de las estaciones de su extenso itinerario militante, que puede leerse en Wenüy – Por la memoria rebelde de Santiago Maldonado (Lazo Ediciones, 2018).

“Yo me iba de vacaciones; mi hermano viajaba”, dijo Sergio Maldonado hace poco en una charla en Córdoba, cuando la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC entregó el premio José María Aricó a Viviana Alegre, la madre de Facundo Rivera Alegre, otro desaparecido en democracia y sin justicia. En esa ocasión, Sergio también dijo: “Santiago no es el primer desaparecido en democracia. Tampoco es más importante que otro desaparecido. Sí es el primero en que interviene una fuerza federal y es avalado por el gobierno, el gobierno de Mauricio Macri”.

Una elocuente muestra de ese aval fue la frase con que la entonces ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich respondió a los cuestionamientos a la conducción de la Gendarmería en ese conflicto, durante un informe ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Senado de la Nación el 16 de agosto de 2017: “No voy a hacer la injusticia de querer tirar a un gendarme por la ventana y echarle la responsabilidad. Me la banco yo”.

Justamente, mientras en las calles de las principales ciudades del país crecía el reclamo de aparición con vida, la investigación de la desaparición y luego la muerte del joven militante estaría viciada por la influencia del poder político, la desinformación de los medios de comunicación corporativos, el espionaje y ataque contra su familia, conjunto que persistiría aún después del cambio de signo político en el Gobierno nacional.

La (des)investigación judicial

El juez federal de Esquel Guido Otranto, el mismo que había ordenado a Gendarmería el desalojo de la ruta 40, fue el primer magistrado a cargo de la investigación. Durante su actuación a cargo de la causa, Otranto ordenó intervenir los teléfonos del hermano de Santiago Maldonado, Serio, de Ariel Garzi, un amigo del joven, y de la líder mapuche Claudina Pilquiman.

Recusado por la familia y por el Centro de Estudios Legales y Sociales que denunciaron su parcialidad, Otranto fue apartado de la causa en septiembre de 2017, antes de que apareciera el cuerpo de Santiago. Lo sustituyó el juez federal de Rawson Gustavo Lleral, quien cerraría la causa en noviembre de 2018 con la hipótesis de “muerte accidental”. En ese fallo, el juez Lleral escribió: “Ningún agente del Estado, y ninguna otra persona o grupo de personas, privó de la libertad a Santiago Andrés Maldonado, menos aún en nombre, con la autorización, apoyo o la aquiescencia de aquél. Santiago por propia voluntad se introdujo en las heladas aguas del Río Chubut y allí murió, sin testigos de ese trágico final”.

La familia Maldonado apeló con el planteo de que Santiago cayó al río en un contexto de violencia represiva y su cuerpo podría haber sido “sembrado” en el lugar donde fue hallado. La Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia aceptó en septiembre de 2019 reabrir la causa para investigar si hubo “abandono de persona”, lo que fue convalidado por la Cámara de Casación Penal en diciembre de ese año, aunque uno de los jueces votó que se debía investigar también la posible desaparición forzada. En enero de 2020, Lleral se apartó de la causa alegando que la familia Maldonado le generaba “violencia moral”. Desde marzo de 2020, la causa está en la Corte Suprema de Justicia a la espera de la designación de un nuevo juez de instrucción.

En mayo pasado se presentó ante la fiscalía de Esquel, a cargo de Federico Baquioni, una mujer profesional civil que trabajaba en el área de salud del escuadrón 36 de Gendarmería, quien aportó revelaciones que podrían darle un giro a la investigación de la causa. La hoy testigo de identidad reservada escuchó al subalferez de Gendarmería Emmanuel Echazú decir: “La situación está controlada y no hay que preocuparse”. También reveló que Santiago habría estado detenido en el destacamento de Lelequé, en los mismos predios de la estancia de Luciano Benetton, ya que los gendarmes hablaban de un detenido al que se referían como “el hippie”.

“Se les fue la mano”, fue otra de las frases escuchadas por la testigo. También relató que el comandante Juan Pablo Escola, segundo jefe del escuadrón 36 de Esquel, le pidió que se llevara y escondiera en su casa una caja, que contenía un arma, celulares y un trapo ensangrentado, pero ella se negó.

Sobre la muerte de Santiago, en el escuadrón se comentaba que “Ahumadita se había mandado la cagada del siglo”. Y también que “Chuqui (apodo de Escola), había dado la orden y Ahumada la había ejecutado”. Andrés Ahumada es justamente el gendarme que había admitido que entró armado al Pu Loft de Cushamen.

Un laboratorio de desinformación

Otro aspecto que gravitó desde el principio en el caso fue la manipulación informativa por parte de los principales medios de comunicación del país: la estigmatización de la víctima, la difusión de noticias falsas sobre su paradero, el ataque a su familia y el blindaje a la Gendarmería y el entonces Gobierno nacional. En Pasen música – El caso Santiago Maldonado en la era de la posverdad (Marea Editorial, 2018), Mariana Romano y Diego Rojas ejemplifican profusamente esas prácticas y afirman: “A lo largo del caso Santiago Maldonado se asistió a un verdadero laboratorio de producción discursiva e informativa y a un bombardeo de información, diseminado por los medios gráficos, radiales y audiovisuales, portales web y redes sociales, que sirvió para instalar una serie de hipótesis alternativas, noticias falsas y cuestiones secundarias e irrelevantes para el caso”.

El libro debe su título a una expresión de Sergio Maldonado, durante una conferencia de prensa celebrada el 18 de octubre de 2017, al día siguiente de la aparición del cuerpo de su hermano: “No podemos confirmar si es el cuerpo de Santiago o no. Mis padres están a casi 2000 kilómetros, el único medio que tienen es la televisión, si ustedes tiran cosas que hieren o levantan fotos como la que se publicó de un cuerpo, me parece que no corresponde. Hay que replantearse un poco la profesión de todos y cómo la llevan a cabo. La ansiedad a veces juega en contra y es perjudicial para nosotros, somos seres humanos. Como dice Andrea, fue muy duro estar siete u ocho horas al lado de un cuerpo, tuvimos que convivir con eso. (…) A veces hay que ponerse un poquito más del lado humano y si no tienen qué poner, pasen música, no sé, otra cosa”.

Hace poco más de un año, en una charla sobre “Violencia política, poder de los medios y rol del periodismo en los casos de Santiago Maldonado y Sebastián Moro”, durante la III Bienal de Periodismo y Comunicación de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UNC, Sergio cuestionó la falta de compromiso del actual Gobierno nacional en el esclarecimiento de la muerte de su hermano. Y se explayó sobre la actitud de algunos medios y periodistas: “Sabiendo con qué bueyes se araba, no me sorprendió que una vez que bajara la intensidad del caso de Santiago, la misma gente que llenó horas y horas pregonando los derechos humanos y hablando de Santiago, prácticamente dieron vuelta la hoja y pasaron a otra cosa, como si no pasara absolutamente nada. Ver ese vacío y esa ausencia de esos medios, al principio me generó un poco de bronca, pero después lo entendí. A todo ese sector, por más que se sepa la verdad el día de mañana, que se explique todo y se pueda demostrar, no les interesa. Hay una parte periodística que realmente investiga y otra parte que lo único que hace es replicar y malcomunicar”.

* Periodista y docente. Autor del libro “Todo lo que el poder odia – Una biografía de Viviana Avendaño (1958-2000)”.

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